(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a fuentes oficiales, consta que por Licitación Pública N° 04/IDUV/2026 se licitó la compra de una “PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS SANTA CRUZ PUEDE – UNIRSE” (SIC) con un presupuesto oficial de $ 1.306.961.035,48, plazo de ejecución de 6 MESES; Capacidad de Contratación Requerida: $ 1.960.441.553,22; Garantía de Oferta: $ 13.069.610,35 (Equivale exactamente al 1% del presupuesto oficial); Fecha de Apertura de Ofertas: 09-06-2026 (próximo martes) a las 10:00hs (La apertura es la próxima semana), lugar SEDE IDUV RIO GALLEGOS.
Hasta acá parecería todo normal, pero no es así. Y aquí vamos a expresar nuestras dudas y certezas.
Como primera medida es atípico que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda esté a cargo de la licitación y ejecución de una “Planta de Alimentos Balanceados”, una obra de infraestructura productiva y agroindustrial.
El nombre de la obra incluye la sigla “UNIRSE” el fideicomiso que se nutre habitualmente de los aportes de la actividad económica de la industria minera en la Patagonia. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿Cuál es el objeto y de qué manera ingresan fondos de ese origen para la adquisición de esta maquinaria?.
¿Se instaló en 2025 y se licita ahora?
Para sumar más a la confusión de esto que a todas luces aparenta una duplicación del gasto, cabe recordar que el 19 de noviembre del año 2025, el gobierno y la SAU Santa Cruz Puede, anunciaron con bombos y platillos la descarga de los equipos de la planta procesadora de alimentos balanceados, en las instalaciones de la ex Austral construcciones en Río Gallegos que estaban en los terrenos del IDUV. Resulta que seis meses después, el gobierno, a través del IDUV lanza la licitación para su compra? ¿Cómo se entiende administrativamente?.
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El análisis del comunicado oficial de la licitación expone una grave contradicción cronológica y administrativa que resulta clave para sospechar sobre la transparencia de los actos de gobierno y la transparencia del gasto público.
El artículo publicado el 19 de noviembre de 2025 por el propio gobierno detalla de forma explícita el estado de avance del proyecto de la compra y ensamblaje de la plata procesadora.
Efectivamente, en noviembre del 2025 la empresa estatal “Santa Cruz Puede S.A.U.” inició la descarga de los equipos y componentes mecánicos destinados a conformar la planta de alimentos balanceados en Río Gallegos, tal como lo dio a conocer.
El presidente de la empresa, Gustavo Sívori, afirmó en ese momento y de manera oficial que la planta ya había sido construida en la ciudad de Rafaela y que se encontraban recibiendo los camiones con la maquinaria.
El funcionario detalló que una parte de esos equipos permanecían transitoriamente en el IDUV a la espera de su traslado final al predio del Centro Comercial e Industrial, donde la infraestructura civil para contenerla, también estaba a cargo del IDUV.
Y el cronograma estipulado por el gobierno indicaba que el ensamblado demandaría unos dos meses, proyectando el inicio de la producción para febrero de 2026.
¿La compraron dos veces?
Existe una incongruencia temporal profunda frente a la imagen de la licitación que cierra en algunos días y aquel anuncio de hace 6 meses. Si la maquinaria ya había sido fabricada e ingresada físicamente a Santa Cruz en noviembre de 2025, resulta incompatible que el Estado realice el llamado a la Licitación Pública 04/IDUV/2026, cuyo objeto es idéntico (“PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS SANTA CRUZ PUEDE”), con una apertura de sobres programada recién para el 9 de junio de 2026 y un plazo de ejecución de 6 meses.
¿El gobierno provincial licitó la compra de una máquina que ya habían comprado?
Esto nos deja con serias duda sobre el manejo administrativo que tiene el gobierno provincial porque se hace vital ahora determinar si los más de 1.300 millones de pesos presupuestados en junio de 2026, están destinados a la compra de la maquinaria en sí misma, o si corresponden a la obra civil (galpones, cimientos, conexiones) para albergar los equipos comprados en 2025. Si se trata de obra civil, nombrar el objeto de la licitación como “Planta de Alimentos” resulta técnicamente engañoso. Y como sabemos, nada en estos temas es “inocente o casual”.
Cabe investigar bajo qué figura legal, partida presupuestaria y método de contratación (compra directa, leasing, fideicomiso) se adquirió y pagó la maquinaria proveniente de Rafaela antes de noviembre de 2025. Una de las fuentes de OPI Santa Cruz sospechan que la licitación actual de 2026, financiada mediante fondos del programa UNIRSE, sea un instrumento administrativo para “blanquear” o regularizar a destiempo una erogación ejecutada el año anterior.
Debe descartarse, mediante la revisión de los pliegos y los expedientes judiciales y provinciales, si se está frente a la facturación duplicada de los mismos bienes de capital o si la licitación 2026 contempla la anexión de una segunda línea de producción, cosa que hasta el momento no hemos detectado del análisis realizado a la documentación pública online del propio IDUV.
Contrastar los pliegos de bases y condiciones de la Licitación 04/IDUV/2026 con los comprobantes de pago de los equipos despachados desde Rafaela en 2025 es el paso necesario para exponer el flujo real de los fondos públicos involucrados. Eso no está. Nunca fue publicado ni explicado y no encontramos ningún diputado propio y de la oposición que esté preocupado y ocupado en dilucidar el tema y por supuesto, la ausencia total del interés por parte de los organismo de contralor (si existen) ni la mínima preocupación de parte del Tribunal de Cuentas, por transparentar nada de lo que aquí exponemos. Sin duda Santa Cruz puede hacer cualquier cosa, sin que sea advertido por quiénes deberían velar por los intereses de los santacruceños; ¿Será casualidad o es pura causalidad?. (Agencia OPI Santa Cruz)
