El stock total de pasivos familiares escaló a 39 billones de pesos según registros del Banco Central. Seis de cada diez hogares registran atrasos para cubrir gastos básicos ante la ausencia de topes legales.
4,8 millones de personas arrastran una mora superior a tres meses con prestamistas y tarjetas de crédito. Los números exponen el colapso de los ingresos y el accionar de las billeteras virtuales, que aplican tasas desreguladas para financiar la compra de alimentos o el pago de servicios de primera necesidad.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados constató el volumen de la crisis durante el debate legislativo. Su presidente, Hugo Yasky, legislador de Unión por la Patria y secretario general de la CTA de los Trabajadores, confirmó que existen 18 proyectos estancados en los despachos parlamentarios.
“Las familias argentinas se endeudan para alimentarse, pagar tarifas o comprar medicamentos“, objetó Yasky frente al plenario. El diputado expuso las tácticas de las empresas de cobranzas, que adquieren paquetes de deudores para hostigarlos sistemáticamente y extienden las coacciones hacia los allegados del titular.
La socióloga e investigadora Luci Cavallero desglosó el mapa de la deuda basándose en los informes del Banco Central. Del pasivo total, 32,1 billones de pesos corresponden al sistema bancario formal, mientras que los restantes 6,9 billones de pesos provienen de plataformas digitales de cercanía.
El índice de morosidad general alcanzó el 10,6 %, el registro más alto de los últimos 16 años. La asfixia financiera castiga al sector no bancarizado, donde una de cada cuatro personas incumple los plazos fijados por las aplicaciones móviles.
“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación“, advirtió Cavallero. La docente universitaria detalló que los créditos dejaron de utilizarse de forma circunstancial para pasar a sostener la estricta supervivencia diaria.
Frente a la pasividad legislativa, los especialistas delinearon los tres hitos jurídicos que el parlamento debe sancionar para frenar los abusos:
- Implementación de un modelo similar a la Ley de Segunda Oportunidad o Derecho al Olvido aplicada en España.
- Ejecución de normativas de acceso a la información y regulación estricta sobre los débitos automáticos.
- Creación de instancias obligatorias de negociación para proteger los ingresos frente al sistema de cobranzas.
El Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, elevó la alarma técnica y proyectó que la morosidad real roza el 22 %. El doctor en Ciencias Económicas alertó sobre los bloqueos que imponen las billeteras virtuales para impedir que los usuarios corten la mora automática.
La asimetría de información consolidó la rentabilidad de los prestamistas privados en los barrios vulnerables. El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, denunció que el núcleo del negocio opera mediante refinanciaciones con tasas usurarias de entre el 500 y el 600 %.
La Secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de Hurlingham, Alejandra Fernández Scarano, ratificó el esquema de castigo tarifario aplicado por el mercado. La funcionaria confirmó que las entidades imponen los intereses más altos sobre los perfiles con mayor índice de morosidad, cobrando el riesgo directamente sobre los sectores de menores recursos. (Agencia OPI Santa Cruz)
