El envío parlamentario del proyecto de gastos expuso fisuras en la conducción oficialista debido al desconocimiento de medidas que afectan partidas de alta sensibilidad social y comprometen acuerdos con bancadas aliadas.
La remisión del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación desató una crisis operativa en la mesa política del Gobierno, tras confirmarse que el texto remitido incorporó una reducción en las partidas destinadas a discapacidad sin previo debate interno. El recorte tomó por sorpresa a referentes parlamentarios del oficialismo y abrió recriminaciones directas hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El proyecto ingresó durante la noche de un martes al ámbito legislativo sin que las autoridades parlamentarias estuvieran al tanto de las modificaciones en el área social. La senadora Patricia Bullrich expresó su desacuerdo de forma pública al cuestionar la ausencia de instancias deliberativas: “Quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos, y la gente qué va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible”.
En idéntica situación quedó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien durante el encuentro de la cúpula oficialista desconocía la medida y describía una iniciativa alternativa orientada a contener los reclamos de los bloques aliados. El titular del Palacio de Hacienda expuso únicamente los lineamientos generales del plan de gastos, omitiendo el alcance real de las bajas presupuestarias previstas para el sector asistencial.
La falta de revisión técnica por parte de los ocho miembros que integran la instancia de conducción parlamentaria derivó en imputaciones cruzadas respecto de la estrategia comunicacional y la subordinación a las directivas del presidente Javier Milei. El episodio replica el antecedente registrado en el debate de la reforma laboral, cuando el Poder Ejecutivo remitió al parlamento el artículo 44 con modificaciones sobre el régimen de licencias por enfermedad sin previo consenso de los negociadores oficiales. (Agencia OPI Santa Cruz)
