La provincia acude a Wall Street para financiar infraestructura del Proyecto Vicuña y compromete sus fondos coparticipables nacionales en lugar de regalías.
El gobierno de San Juan colocará deuda en los mercados internacionales por US$ 500 millones para financiar infraestructura vial, hídrica y habitacional ligada a la minería. La medida busca apalancar el Proyecto Vicuña, operado por BHP y Lundin Mining bajo el paraguas de beneficios del RIGI. A diferencia de otras provincias, el pago se garantizará exclusivamente con la Coparticipación Federal de Impuestos.
Las licitaciones públicas de estas obras se ejecutarán entre octubre y noviembre de este año. Para concretar la emisión, el gobernador Marcelo Orrego negocia con inversores en Londres y Nueva York, apoyado por las financieras J.P. Morgan y Banco Santander, entidades elegidas formalmente para estructurar toda la operación.
La Legislatura provincial aprobó la herramienta de endeudamiento con 23 votos a favor y 12 en contra. El esquema legal sancionado habilita la colocación de títulos a tasa fija, variable o mixta, mientras el Ejecutivo provincial calcula conseguir un rendimiento anual inferior al 10%. Esta maniobra replica el camino de Neuquén, que recientemente concretó una colocación por idéntico monto.
3 claves para entender esta medida:
- La emisión de US$ 500 millones del Estado provincial apuntalará una inversión de US$ 9.700 millones de corporaciones privadas.
- El bono tendrá un período mínimo de gracia de dos años antes de comenzar a amortizar el capital adeudado.
- La Coparticipación Federal actuará como seguro de default directo, dejando intactas las regalías del propio sector minero.
¿Qué activos garantiza San Juan ante los acreedores externos?
La decisión de no comprometer los ingresos por extracción diferencia a la gestión sanjuanina del modelo patagónico. Mientras provincias del sur utilizan las regalías hidrocarburíferas como aval de pago, San Juan traslada el riesgo al goteo diario de los impuestos nacionales. Esto significa que ante un escenario de iliquidez, los acreedores cobrarán automáticamente de los fondos que envía la Nación.
“En cuanto a la estructura, el bono contemplaría un período mínimo de gracia de dos años para la amortización y habilitaría al Ejecutivo provincial a garantizar el repago con recursos de la Coparticipación Federal. A diferencia de Chubut, que accedió recientemente a los mercados internacionales, San Juan no comprometería regalías mineras como garantía de la emisión“, especifica el informe técnico de la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI).
¿Quiénes capitalizan la nueva infraestructura provincial?
Los dólares obtenidos mediante la emisión fondearán obras públicas que absorberá logísticamente el Proyecto Vicuña. Este megaemprendimiento de cobre, oro y plata requiere de nuevas rutas y accesos hídricos para viabilizar su producción exportable.
El Estado sanjuanino asume el costo de esa infraestructura básica sumando deuda externa a sus pasivos. En paralelo, el consorcio privado canalizará su inversión productiva resguardado bajo la exención de impuestos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). (Agencia OPI Santa Cruz)
