(OPI TdF) – El fallo unánime descarta riesgo procesal de fuga y revoca la prisión preventiva impuesta por el Tribunal de Juicio, manteniendo vigente la sentencia a cinco años de cárcel por maniobras fraudulentas con planes habitacionales.
El Superior Tribunal de Justicia ordenó la inmediata excarcelación de Hipólito Carlos Córdoba, secretario general de ATE, tras determinar que la condena previa a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo resulta insuficiente para justificar la prisión preventiva por riesgo de fuga en Ushuaia.
Los cuatro magistrados del máximo tribunal fueguino coincidieron con el planteo del fiscal Eduardo Urquiza, quien sostuvo que la resolución del tribunal de origen carecía de fundamentos concretos sobre eventuales peligros procesales. La medida cautelar impone una caución juratoria mientras el fallo principal continúa en etapa de revisión recursiva.
La condena por 22 estafas en el plan de 128 viviendas
La sentencia de primera instancia atribuyó a Córdoba y a Miguel Ángel Arana la coautoría en 22 hechos de estafa consumados entre diciembre de 2013 y fines de 2017 mediante el plan de 128 viviendas en Barrancas del Río Pipo. El esquema consistía en exigir sumas de dinero a personas particulares con la promesa fraudulenta de garantizarles adjudicaciones mediante la intermediación gremial ante el Instituto Provincial de Vivienda.
Conforme al expediente que evaluó este medio, el tribunal de juicio diferenció las responsabilidades materiales dentro de la estructura: Arana ejecutaba la captación directa y la recaudación de los fondos, mientras Córdoba aportaba respaldo institucional formal como máxima autoridad sindical para validar las operaciones y atender reclamos. En ese mismo proceso judicial, el tribunal absolvió a Erik Moscoso Panozo por aplicación del beneficio de la duda.
El Tribunal de Juicio intentó justificar el arresto inmediato aludiendo a la severidad de la pena impuesta y a una testigo que manifestó temor y “olvidos sugestivos” durante las audiencias de debate. El Superior Tribunal de Justicia invalidó ese criterio al corroborar que Córdoba cumplió todas las obligaciones procesales en libertad durante la instrucción preparatoria.
Reclamos gremiales en el Puerto de Ushuaia
A comienzos de 2026, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado encabezó protestas y vigilias contra la intervención federal en el Puerto de Ushuaia, advirtiendo sobre despidos de personal provincial y denunciando un posible esquema de privatización. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
