Río Gallegos aparece entre las ciudades a las que se realizaron llamadas desde la cárcel de Olmos, según registros de una investigación fiscal difundidos por Qué Digital y La Capital de Mar del Plata. La causa busca esclarecer el funcionamiento de una presunta organización dedicada a cometer estafas telefónicas desde establecimientos penitenciarios bonaerenses.
La pesquisa está a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 13 de Mar del Plata, y permitió reconstruir comunicaciones hacia diferentes puntos del país.
De acuerdo con el escrito fiscal reproducido por Qué Digital, la capital de Santa Cruz aparece en dos períodos analizados: uno comprendido entre el 4 de junio y el 8 de julio, y otro entre el 4 de agosto y el 8 de octubre.
En esos tramos se registraron, respectivamente, 5.158 y 5.283 llamadas desde la Unidad Penal N.º 1 de Olmos. El total corresponde a todas las localidades mencionadas en la investigación, no exclusivamente a Río Gallegos.
La información difundida no detalla cuántas comunicaciones tuvieron como destino números de la ciudad ni permite establecer si hubo vecinos que entregaron dinero.
Una de las modalidades investigadas consistía en hacerse pasar por un policía que anunciaba un supuesto accidente protagonizado por un familiar de quien atendía. Luego reclamaba dinero para una presunta fianza y podía anticipar que una persona pasaría por el domicilio a retirarlo.
También se detectaron comunicaciones en las que los interlocutores simulaban ser familiares que necesitaban ayuda urgente o representantes bancarios que proponían operaciones con dinero.
La investigación derivó en allanamientos realizados el jueves 22 de octubre en la cárcel de Olmos y en las unidades 15 y 44 de Batán. Los procedimientos permitieron secuestrar celulares, tarjetas SIM y anotaciones.
El caso tiene así una referencia concreta a Río Gallegos dentro de los registros telefónicos difundidos. Eso no equivale a confirmar estafas consumadas en la capital santacruceña, un punto sobre el que todavía no se conocen precisiones públicas.
Ante una llamada que invoque una emergencia familiar y exija dinero, la precaución principal es cortar la comunicación y contactar a esa persona mediante un número conocido. No se deben facilitar claves, códigos de seguridad ni datos bancarios. Si hay amenazas o alguien se presenta para exigir dinero, corresponde solicitar intervención policial.
(El Diario Nuevo Día)
