(Por: Rubén Lasagno) – En OPI Santa Cruz hemos tenido acceso a un dossier elaborado por la empresa Biomass Global Management (BGM) destinado a exponer una serie de irregularidades, conflictos de interés y falta de transparencia en las operaciones comerciales de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), de la cual solemos tener (con intermitencia) “novedades” en boca del Interventor Pablo Gordillo, que no es el vocero más confiable.
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Precisamente en estos días el interventor hizo pública una nota en un medio de la cuenca donde expresa que la empresa enfrenta un escenario abierto y en ese contexto, la entrada de capitales privados asoma como la única vía para paliar el enorme déficit de YCRT, pero el éxito del modelo, según Gordillo, dependerá de que logren reactivar y coordinar la mina, el tren, el puerto y la central eléctrica, nada que no sepamos y constituya, desde hace 20 años, la realidad de YCRT.
En virtud de la información empresaria a la que tuvimos acceso y vamos a analizar en profundidad más adelante y a los dichos del funcionario nacional, la nota de Gordillo revela la cara oculta del proceso de privatización y el salvataje financiero de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) porque al cruzar ambas fuentes (dossier y declaraciones), la narrativa oficial de “búsqueda de inversiones” choca frontalmente con serias sospechas de irregularidades y falta de transparencia en todo el proceso que se revela del análisis integral que he realizado.
En la nota, el Interventor presenta a Energy Commodities Group (ECG), empresa que está en carpeta de la intervención, como un actor clave para el futuro de YCRT, mencionando que están evaluando su propuesta de inversión de USD 120 millones y destacando su contrato paralelo por 210.000 toneladas de carbón.
Sin embargo el documento de BGM advierte que ECG es una empresa creada recién en octubre de 2025, es decir carece del know-how necesario; en síntesis, parece más una empresa creada para este negocio, que una verdadera apuesta de inversión. Además, el documento revela que Alexis Romero, uno de los directivos de ECG, anteriormente era un intermediario que había firmado un pacto de confidencialidad previo con BGM para vender carbón de YCRT, quedándose finalmente con el negocio millonario de forma directa.
Sin duda la aparición. De Romero en el negocio que formula Gordillo con la nueva empresa venezolana, no es casualidad.
La vulnerabilidad de YCRT es un caldo de cultivo para este tipo de negocios espurios ya que mientras la información oficial dada por Gordillo expone el rojo financiero insostenible de YCRT para 2026 (pérdidas operativas de más de $127.700 millones) y la necesidad urgente de incorporar el 39% de capital privado para sobrevivir en contrtapartida quienes analizan el contexto sugieren que ésta urgencia económica y política por mostrar resultados o conseguir fondos, llevó a la intervención de YCRT a omitir controles básicos (Due Diligence o KYC), adjudicando siete embarques y analizando una inversión de USD 120 millones con una LLC recién fundada en Florida sin antecedentes comerciales comprobables como ya planteamos que aparece mencionada en los papeles Energy Commodities Group (ECG) la estrella inversora de Gordillo.
Y acá aparece el obstáculo logístico (Punta Loyola) donde todos coinciden que es el cuello de botella físico. El Interventor subraya que sin recuperar el tren y el puerto de Punta Loyola, las exportaciones a gran escala son inviables y el documento empresarial confirma esto en la práctica: BGM señala que la falta de habilitaciones y problemas en Punta Loyola fueron los que frenaron sus embarques originales a mediados de 2025, y el propio interventor admitió que tampoco podían garantizar el primer embarque de ECG por las mismas fallas logísticas.
En definitiva y analizando en profundidad las dos ponencias (la oficial y la empresarial) surge que la urgencia financiera de YCRT está abriendo la puerta a negocios opacos y de alto riesgo para el Estado Nacional.
Mientras el Gobierno avanza hacia la conformación de Carboeléctrica Río Turbio S.A. y busca desesperadamente capitales privados para tapar un déficit multimillonario, la principal “promesa” de inversión (los USD 120 millones de ECG) proviene de una estructura societaria sospechosa.
La crítica empresaria y la plusvalía experiencial
El Estado argentino a través de YCRT está negociando su mayor reserva carbonífera con una empresa de reciente creación, formada por intermediarios que rompieron acuerdos comerciales previos y sin exigir las garantías de solvencia necesarias. Esta es la síntesis de lo que se avecina. Lo que Gordillo describe ante los medios como “una etapa determinante de reestructuración“, en el dossier de la firma BGM que analizamos, se perfila como un potencial escándalo de corrupción, tráfico de influencias o privatización a medida. Y aquí lo vamos a sintetizar en sus puntos núcleos.
YCRT es una empresa del sector público nacional sujeta a privatización que requiere constantes transferencias del Estado para cubrir sus gastos operativos, debido a esto, BGM sostiene que la solvencia y los antecedentes de quienes hacen negocios con YCRT son de interés público y exceden un simple contrato privado.
Es en este punto donde la empresa Biomass Global Management (BGM) e l 31 de enero de 2025, firmó un contrato de compraventa con YCRT por 35.000 toneladas de carbón.
Tras la firma, BGM se encargó de promocionar el producto en el mercado internacional, presentando ofertas a distintos clientes, entre ellos el Grupo Minas en marzo de 2025, lo cual fue ampliamente difundido por OPI Santa Cruz. Es en ese marco que el l 4 de febrero de 2025, BGM firmó un acuerdo de colaboración con Alexis Romero para colocar esta carga en el mercado, el cual incluía obligaciones de confidencialidad y no elusión.
La carga del carbón se complicó debido a las condiciones del mercado, problemas logísticos, sindicales y la falta de habilitaciones claras en el puerto de Punta Loyola, lo que ahuyentaba a los compradores finales, como quedó expresado en varios informes nuestros.
En mayo/junio de 2025, YCRT intentó dar por terminado el vínculo, pero las partes continuaron negociando y BGM nunca aceptó como válida dicha extinción contractual.
En agosto de 2025, al notar movimientos de YCRT con otros actores, BGM le advirtió formalmente a Pablo Gordillo (interventor de YCRT) que tanto el Grupo Minas como Alexis Romero formaban parte de la red comercial de BGM para esa operación.
El 20 de octubre de 2025, se registró en Florida (EE. UU.) la empresa Energy Commodities Group LLC (ECG) y en los registros oficiales de ECG figura Alexis Romero como miembro autorizado, la misma persona que había firmado un acuerdo de confidencialidad previo con BGM.
En 2026, YCRT anunció públicamente un nuevo contrato con ECG por 210.000 toneladas de carbón (siete embarques) y una iniciativa de inversión privada por aproximadamente 120 millones de dólares.
Los planteos que BGM hace ahora es qué tipo de controles financieros y de debida diligencia (due diligence) realizó YCRT antes de adjudicarle 210.000 toneladas a una empresa recién creada en octubre de 2025?.
Se pregunta cómo una empresa tan nueva puede estructurar una inversión de 120 millones de dólares sobre una empresa pública?; cuestiona la intervención de Alexis Romero en la negociación directa con YCRT, ignorando el acuerdo previo con BGM y señala que el propio interventor de YCRT admitió desconocer el destino final del carbón.
Lo que hay en ciernes sobre YCRT por las razones que hemos destacado en este informe, es una demanda de parte de BGM donde todas estas cuestiones y el presunto escándalo contractual y de compromisos firmados, va a salir a la luz pública y expondrá los negocios que coexisten con la realidad de YCRT y la Usina 240 “14 Mineros”. (Agencia OPI Santa Cruz)
