La discusión por el decomiso de bienes de la causa Vialidad sumó un nombre conocido en el mercado inmobiliario de Río Gallegos. Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, el tasador propuesto por la defensa de Cristina Kirchner para intervenir en la valuación de propiedades de la familia.
El Tribunal Oral Federal 2 tuvo presente su designación para que participara junto con el cuerpo de peritos tasadores de la Corte Suprema. Su intervención alcanza a 20 inmuebles: 19 vinculados con Máximo y Florencia Kirchner y uno de la expresidenta. El proceso de decomiso comprende en total 111 bienes y busca recuperar cerca de $685.000 millones.
La trayectoria comercial de Pejkovic permite entender por qué su nombre aparece ahora en el centro de la discusión. El Boletín Oficial de Santa Cruz registra que Patagonia Propiedades S.A. se constituyó en 2004 y que Pejkovic fue designado presidente. El objeto de la firma incluía la compra, venta, alquiler y administración de inmuebles urbanos y rurales.
Alquileres y propiedades administradas en Santa Cruz
Los registros oficiales también muestran que Patagonia Propiedades trabajó como administradora y representante de propietarios. En 2006, la Provincia reconoció y autorizó el pago de alquileres adeudados por un inmueble de Río Gallegos que la firma administraba en nombre de un particular. El edificio era ocupado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos.
Años después, Pejkovic actuó como representante de propietarios en contratos de alquiler con el Consejo Provincial de Educación. En uno de ellos, correspondiente a un edificio utilizado por el sistema educativo en Puerto San Julián, los documentos oficiales lo identificaron como presidente de Patagonia Propiedades.
La documentación societaria publicada en 2015, sin embargo, consignó que el presidente de la empresa para el período 2013-2016 era Esteban Pejkovic. Por eso, los registros consultados permiten reconstruir el papel histórico de Sergio Pejkovic en la firma, pero no alcanzan por sí solos para establecer quién ocupa actualmente su presidencia o cuál es hoy la composición accionaria.
El antecedente de los alquileres de Báez
El vínculo entre Patagonia Propiedades y los inmuebles de Báez había sido mencionado públicamente antes de la controversia actual. En 2017, Clarín informó que Luciana Báez había autorizado a la inmobiliaria a cobrar los alquileres de un edificio de 14 departamentos ubicado en Errázuriz 256, en Río Gallegos.
La nueva presentación de Luciani agrega otros dos antecedentes. Según el fiscal, Pejkovic le vendió en 2007 a Austral Construcciones un inmueble de Río Gallegos y, el 29 de septiembre de este año, mantuvo una comunicación con Cristian Sebastián Ibáñez, señalado por la investigación como operador de Báez.
De acuerdo con el planteo fiscal difundido, Ibáñez consultó quién administraba y cobraba los alquileres de departamentos de Báez en un edificio de Zapiola al 55. Luciani sostuvo que en la conversación Pejkovic identificó la unidad del empresario y habló de documentación presentada ante Gendarmería. También señaló que el encargado del edificio le habría dicho a Ibáñez que las unidades habían estado anteriormente bajo la administración de "Patagonia".
El planteo de Luciani y lo que falta resolver
A partir de esos antecedentes, el fiscal advirtió un posible conflicto de intereses: sostuvo que Pejkovic habría administrado inmuebles de Báez, le habría vendido un bien a Austral Construcciones y mantendría contacto con Ibáñez por el cobro de alquileres. También señaló que fue propuesto por una condenada que responde solidariamente con Báez por el decomiso.
(El Diario Nuevo Día)