(Por: Rubén Lasagno) – Mientras el presupuesto de Seguridad de 2026 en Santa Cruz se agota en salarios y carece de inversión forense, la provincia acumula casos de desaparición de personas sin resolver por demoras operativas y falta de tecnología, entre otras cuestiones que impiden finalizar exitosamente las investigaciones policiales y/o judiciales.
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De acuerdo a la información oficial que hemos consultado hasta agosto de 2026, la provincia de Santa Cruz registra un total de 14 personas desaparecidas en democracia de las cuales se mantienen alertas de búsqueda activas, concentrándose la mayor cantidad de casos en nuestra ciudad, Río Gallegos.
El Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX), lanzado por el gobierno provincial en 2023, gestiona actualmente estos avisos y es uno de los documentos oficiales que consigue tabular esta información que marca la trazabilidad de estos números de desapariciones que preocupa a la sociedad, más aún porque ninguna investigación ha llegado a buen puerto; todo ha terminado en un enorme misterio y tanto las autoridades policiales como judiciales han enmudecido llamativamente.
Según los registros en Río Gallegos están oficialmente desaparecidos:
Marcela López Frey – 61 años – 22 de mayo de 2021
Micaela Elizabeth Rain Barrios – 24 años – 5 de diciembre de 2024
Melina Violeta Coria -15 años – 23 de marzo de 2025
Lorena Cristina Bustos – 52 años – 27 de abril de 2025
Ludmila Milagros Otrino – 16 años – Julio de 2025
Gabriel Darío Mileca – 42 años – 10 de enero de 2026
César Agustín Aguilar Pérez – 58 años – 26 de julio de 2026
Casos recientes resueltos trágicamente
Cabe señalar que en mayo de 2026, se halló el cuerpo de Aníbal Cepeda (72 años), un jubilado que era intensamente buscado desde el 20 de abril de ese mismo año.
Además de Río Gallegos, las otras ciudades de la provincia que registran personas con alertas de búsqueda activas en la actualidad son:
Caleta Olivia: Mario García, Iván Valentín Alejos, Lautaro Castro, Lucas Miranda.
Pico Truncado: Nayelly Luján García Servin.
Las Heras: Julio Rubén Galeano.
Río Turbio: Alejandro Mauricio Herrera.
De acuerdo con los registros recientes del Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX) y reportes policiales emitidos entre 2024 y agosto de 2026, es decir durante la actual gestión de gobierno, la ciudad de Río Gallegos registra actualmente búsquedas activas para al menos siete personas que desaparecieron dentro de este rango de fechas temporal.
Estos son los casos que permanecen activos y fueron reportados en este periodo específico (2024 a la actualidad):
Micaela Elizabeth Rain Barrios – 24 años – 5 de diciembre de 2024
Melina Violeta Coria – 15 años – 23 de marzo de 2025
Lorena Cristina Bustos – 52 años – 27 de abril de 2025
Milagros Arroyo – 30 de septiembre de 2025
Gabriel Darío Milecan – 42 años – 10 de enero de 2026
César Agustín Aguilar Pérez – 58 años – 26 de julio de 2026
Hugo Exequiel Chacoma – 28 años – finales de julio de 2026
Durante la última semana de julio de 2026 también se activó y resolvió favorablemente la búsqueda de Tamara Beatriz Cejas Obando (32 años). El caso de Marcela López, si bien es una de las búsquedas más importantes de Río Gallegos, no se incluye en esta segmentación ya que su desaparición data de mayo de 2021.
El análisis de las causas judiciales, los reportes policiales y las persistentes denuncias de los familiares de las víctimas, demuestra que la falta de resolución en estos casos rara vez responde a un único factor, más bien, evidencia una falla estructural y sistémica del Estado, donde convergen la ineficiencia operativa, la carencia de recursos tecnológicos y en ciertos escenarios, la opacidad judicial y judicial.
¿Procedimientos fallidos o recursos limitados?
De acuerdo a las estadísticas en materia de seguridad el error más común y letal en las investigaciones es la subestimación policial y judicial durante las primeras 48/72 horas. Las quejas más comunes de los familiares es que las dependencias donde hacen las denuncias minimizan la desaparición bajo la presunción inicial de que la persona “se ausentó por voluntad propia“, lo que retrasa los rastrillajes urgentes, el secuestro de cámaras de seguridad y la toma de testimonios clave antes de que se contaminen o desaparezcan. Esto quedó en evidencia en el caso paradigmático de Río Gallegos que informamos en detalle en su momento: el de Marcela López.
La creación del SIRPEX (Sistema de Registro de Personas Extraviadas) en 2023 representó un avance en la visibilización, pero desnudó una profunda indiferencia operativa ya que el sistema funciona como un repositorio público de datos, pero no investiga. Se delega la carga probatoria a la sociedad mediante “alertas”, mientras que la búsqueda activa en el terreno y el seguimiento de los casos por parte del Estado tiende a diluirse o paralizarse tras las primeras semanas. ¿Es una falla de implementación o una medida que por sí sola no tiene un valor práctico en la búsqueda de personas?. Eso el gobierno no lo ha consolidado en sus fundamentos cuando lo instrumentó.
Hoy en la provincia el rastro de una persona se individualiza solamente por la huella digital y no hay capacidad técnica-operativa para usar otras herramientas, lo cual está ligada a la falta de inversión y capacitación en tecnología forense avanzada. Las demoras burocráticas para solicitar aperturas de antenas telefónicas o la escasez de herramientas de extracción de datos móviles y análisis pericial de dispositivos electrónicos, provocan que las pistas digitales se enfríen o se pierdan de forma irreversible.
Si bien no se puede generalizar todos los casos de ineficiencia o falta de respuesta bajo el rótulo de la corrupción, el sistema judicial santacruceño ha sido objeto de severos cuestionamientos por su lentitud y lo hemos puesto bajo la lupa desde OPI Santa Cruz en varias oportunidades.
En la provincia existen antecedentes documentados, especialmente en investigaciones federales que rozaron delitos complejos como la trata de personas, donde las prolongadas dilaciones procesales, la filtración de información y el desvío de las líneas de investigación sugirieron graves niveles de encubrimiento institucional o connivencia policial.
La suma de estos factores genera un escenario de impunidad de facto poprque las desapariciones se estancan en expedientes inactivos y no siempre por una conspiración, sino por el peso aplastante de la burocracia, la falta de pericia técnica y el desinterés político una vez que los casos desaparecen de la agenda pública.
La seguridad en números
De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2026 (Ley N° 3987), sancionada por la Legislatura de Santa Cruz el 24 de diciembre de 2025, el panorama de los recursos destinados a Seguridad expone una profunda crisis estructural, caracterizada por un alto déficit y una asignación casi total orientada a salarios.
En un contexto donde el presupuesto provincial prevé un déficit general de casi 340 mil millones de pesos es decir el 11,7% del total de recursos proyectados, el área de Seguridad no escapa a la lógica de un estado de “supervivencia” operativa, en lugar de priorizar la inversión tecnológica e investigativa, como resulta de analizar la asignación de recursos provincial.
De acuerdo a los números oficiales el presupuesto total para Seguridad se fijó en $ 267.151.906.859,00 y el área de Seguridad representa la segunda mayor fuerza laboral del Estado provincial (solo por detrás del Consejo Provincial de Educación) ya que para 2026, se autorizó una planta de 7.175 cargos y la mayoría de esos $ 267 mil millones asignados se destina exclusivamente al pago de los salarios de los 7.175 efectivos y personal jerárquico; de esta manerael margen para la Inversión real directa que abarca la compra de equipamiento tecnológico forense, móviles, licencias de software, o mejoras edilicias en comisarías, etc, es prácticamente inexistente. (Agencia OPI Santa Cruz)
