El proyecto oficial para permitir corporaciones manejadas por algoritmos y sin empleados desató un choque frontal en el Senado. La resistencia judicial y el lobby tecnológico exponen las grietas de un modelo que busca retirar al Estado del control empresarial.
Este 12 de agosto de 2026, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y el ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, protagonizaron un duro enfrentamiento institucional durante el debate del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades impulsado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, busca habilitar la creación de la “Sociedad Automatizada”, una figura jurídica diseñada para operar mediante sistemas de inteligencia artificial y tecnología blockchain. El texto estipula una reducción drástica de la tutela estatal sobre los negocios privados, otorgando carácter supletorio a la normativa frente a los estatutos redactados por los propios accionistas.
El expediente generó un rechazo transversal entre fiscales y exfuncionarios de la oposición.
- Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, redactó el proyecto que habilita a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) a operar integralmente con tokens.
- Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General, bloqueó los pedidos de réplica del peronismo para contener los gritos en el recinto.
- Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Comercial, advirtió que la redacción actual del articulado habría provocado la pérdida del caso YPF.
El choque institucional por las sociedades simplificadas
La disputa central radica en los controles de lavado de activos. Durante la sesión, Nissen defendió su bloqueo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) ejecutado durante la administración de Alberto Fernández, al calificarlas como vehículos directos para el delito económico. El exfuncionario apuntó contra la nueva propuesta del Ejecutivo.
“Es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y los trabajadores nunca disfruten nada“.
La respuesta del oficialismo apuntó al frente judicial del expositor.
Bullrich acusó al extitular de la IGJ de vulnerar sus funciones al suspender una norma nacional dentro de la jurisdicción porteña. La legisladora cerró su intervención recordando las denuncias penales que enfrenta el dirigente por su paso por la función pública, afirmando que el acusador termina siendo el principal acusado.
¿Qué aval técnico recibió el proyecto de inteligencia artificial?
De acuerdo con los registros de la Comisión de Legislación General, el bloque libertario sustentó su defensa en referentes del sector tecnológico y del sistema financiero. Matías Álvarez, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), aseguró que la digitalización de los libros societarios fortalece el rastreo de fondos frente a la vieja Ley 19.500 sancionada en 1972.
El sector corporativo reclamó infraestructura jurídica de manera urgente.
El CEO de Saltellogic, Emiliano Kargieman, y el especialista en blockchain, Sebastián Heredia Querro, respaldaron la habilitación legal para emitir participaciones societarias mediante criptoactivos en un mercado global. En contraposición, el juez civil y comercial Julián Flores exigió frenar la medida al evaluar que el articulado desprotege el sistema normativo nacional.
La comisión fijó al menos dos audiencias informativas adicionales antes de avanzar hacia la firma de un dictamen. (Agencia OPI Santa Cruz)
