Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino recientemente liberado de la prisión El Helicoide en Caracas, denunció que dicho centro de detención opera como un espacio de reclusión para personas inocentes sin proceso judicial. Rivara, cuyo arresto en 2024 fue calificado como arbitrario por el Gobierno argentino, describió un entorno de precariedad caracterizado por instalaciones sucias y decrépitas. Según su testimonio, las condiciones de vida son tan severas que se registra un suicidio por año dentro del penal, mientras que los guardias emplean tácticas de privación del sueño y alertas constantes para quebrar la resistencia de los internos.
La detención de Rivara se produjo en una estación de autobuses en la localidad de Barinas mientras intentaba regresar a Colombia, tras permanecer poco más de dos semanas en territorio venezolano. El ciudadano argentino afirmó que su captura no respondió a cargos formales, sino a su nacionalidad, señalando que el régimen utiliza a los extranjeros como moneda de cambio para ejercer chantaje diplomático contra otros gobiernos. Rivara enfatizó que la estructura represiva, anteriormente bajo el mando de Nicolás Maduro y continuada por Delcy Rodríguez, no requiere de justificaciones legales para proceder con las desapariciones y arrestos.
El relato del ex detenido expone una sistemática persecución contra jóvenes, creadores de contenido y cualquier persona que el sistema considere una amenaza o una fuente de extorsión económica. Rivara explicó que el Servicio Bolivariano de Informaciones (SEBIN) procesa a los extranjeros interceptados por la policía para integrarlos a su esquema de presión internacional. En este contexto, mencionó los casos de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, otros dos argentinos que aún permanecen bajo custodia del Estado venezolano en condiciones similares de indefensión jurídica.
Finalmente, Rivara vinculó su situación con el clima de terror político que atraviesa Venezuela, detallando que su intención original era asistir a la asunción presidencial de Edmundo González. Sin embargo, al llegar a la capital, constató que la oposición se encontraba desarticulada por detenciones y exilios forzosos, con una ciudadanía paralizada por el miedo. Esta estructura de control social, según su testimonio, convierte a centros como El Helicoide en el destino final de quienes son víctimas de detenciones arbitrarias sin que medie derecho a la defensa o transparencia procesal. (Agencia OPI Santa Cruz)
