(Por: Rubén Lasagno) – Mientras el Gobierno recicla y sostiene los negocios de los históricos contratistas del Estado, la Casa Rosada utiliza la billetera nacional como látigo para forzar el alineamiento incondicional de los gobernadores, entre ellos el de Chubut (Ignacio Torres) y el de nuestra provincia, Claudio Vidal.
Lejos del discurso rupturista, el Ejecutivo sostiene a los grupos económicos tradicionales del país que vienen lucrando desde la épocas de Raúl Alfonsin y usa esa misma red de intereses para forzar el alineamiento ciego de los líderes provinciales, los cuales en su mayoría lo acompañaron en vuelo a París.
Hoy, el gobierno y los gobernadores son “socios de la casta y la extorsión”; el presidente hacia las provincias y los gobernadores hacia sus gobernados y todo esto se traduce en aprietes o beneficios en la retención de fondos, las concesiones de servicios estratégicos y los viajes oficiales que operan como un sistema de premios y castigos para garantizar que nadie quede por fuera de La Libertad Avanza. Con Milei partieron a Francia Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (CABA – Jefe de Gobierno)
La estrategia del oficialismo de apoyarse en los empresarios de la vieja política para financiar y exigir sumisión total a la estructura de La Libertad Avanza queda de manifiesto con la relevancia que tienen Eurnekian y Manzano en la actualidad. Estos son los nombres del poder económico que nunca se fueron y son parte de la maquinaria de aprietes y concesiones que diseña Javier Milei para someter a los mandatarios provinciales a su armado nacional de cara al 2027.
Los de siempre de la mano de la casta Libertaria
La matriz de contratistas que proveen seguridad, operan aeropuertos o distribuyen energía demuestra que la dependencia cruzada entre el sector público y los holdings tradicionales se mantiene inalterada en las áreas de servicios estratégicos del país. Nada ha cambiado, por mucho que escuchemos al propio presidente y a sus edecanes, los diputados de LLA, diciendo exactamente lo contrario; es decir, mintiendo.
Eduardo Eurnekian (Corporación América) fue el exjefe directo de Javier Milei en el ámbito privado y es uno de los mayores beneficiados recientes en el área de infraestructura. A fines de septiembre de 2026, el Gobierno nacional le extendió la concesión de los aeropuertos hasta el año 2056. Esta extensión histórica se firmó utilizando como justificación oficial las pérdidas de tráfico aéreo ocurridas durante la pandemia de COVID-19 (2020-2021). Es así que la Corporación América maneja actualmente el 90% del tráfico aéreo del país.
José Luis Manzano y Daniel Vila (Grupo Integra / Andes Energía). El exministro menemista devenido en empresario multinacional, junto a su socio Daniel Vila, mantiene una posición de privilegio en el sector energético y de medios.En septiembre de 2026, el gobierno de Milei le prorrogó la concesión de distribución de gas a su holding. Manzano controla una participación estratégica en Metrogas a través de Integra Gas Distribution.En paralelo, el grupo presiona al Estado nacional exigiendo una compensación de 3.500 millones de dólares (junto a Edesur) por el congelamiento de tarifas eléctricas de la gestión anterior, un acuerdo que hasta fines de 2025 intentaba resolverse mediante cruce de deudas en el Congreso.
Menem – Familia Hazaff. Aunque Martín Menem es funcionario público (presidente de la Cámara de Diputados), su entorno familiar y empresarial ha registrado un crecimiento exponencial como contratista del Estado desde diciembre de 2023.Las empresas GPS (seguridad) y La Bizantina (limpieza), vinculadas a la familia Menem a través del empresario Hazaff, pasaron de no tener contratos con la gestión anterior a acumular adjudicaciones por miles de millones de pesos.Han cerrado contratos millonarios por adjudicación directa proveyendo servicios a la propia Cámara de Diputados, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el ENARGAS, el INCUCAI, el Teatro Nacional Cervantes y la ANAC. Adicionalmente, GPS terceriza la seguridad de Aerolíneas Argentinas y se prepara para ingresar al negocio de cargas aeroportuarias tras la desregulación oficial del sector.
Energía: Mindlin, Bulgheroni, Marín. El núcleo duro del empresariado energético tradicional argentino sigue siendo el principal interlocutor del gobierno para inversiones y regulaciones.Figuras como Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) forman parte de la mesa chica empresarial que acompaña a las comitivas oficiales de Milei en el exterior (como las giras por París) para atraer o garantizar inversiones bajo el nuevo régimen de grandes inversiones. Horacio Marín, actual titular de YPF, proviene de este mismo ecosistema corporativo (Tecpetrol).
Mauricio Maccarone y la “Patria Contratista”. Subsisten y persisten empresarios tradicionales del sector de la construcción que continúan vinculados a los flujos del Estado, pero ahora desde un rol planificador. Mauricio Maccarone, proveniente de la histórica familia constructora Coinsa, actúa en el gobierno de Milei como uno de los “arquitectos de las privatizaciones”. Está a cargo de la estrategia de venta y licitación de empresas públicas, supervisando un esquema donde siguen operando grupos contratistas (como Obring, Rovial, Edeca) que ya habían sido señalados en la histórica “Causa Cuadernos” por cartelización de la obra pública.
Vidal en modo “libertario”
La inclusión de Claudio Vidal en el grupo a la “Argentina Week” (que no representa a todos los gobernadores del país) refleja una relación de diálogo y cierta sintonía fina del mandatario provincial con el Gobierno nacional.
Esta relación, que ha tenido vaivenes, muestra hoy una alineación o “pacto” de convivencia política donde Vidal busca respaldo nacional e inversiones internacionales, mientras el gobierno de Milei busca la alineación incondicional del santacruceño, en materia de decisiones en el ámbito legislativo nacional.
En paralelo a esta gira internacional donde Vidal estrechó las manos de Macrón, aquí en Santa Cruz estalló una fuerte polémica ambiental y política por una decisión del gobierno de Vidal con la emisión del Decreto 915/2026 firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre de 2026, donde el gobernador autoriza excepcionalmente la venta de una parcela de tierras dentro de la Reserva Provincial Península de Magallanes (frente al Glaciar Perito Moreno) a la empresa ASB Hospitality Calafate SAU cuyo capital original está vinculado a un conglomerado de Dubái, como OPI Santa Cruz lo ha publicado recientemente.
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La operación requirió una excepción a una restricción vigente (Decreto 994/17). La oposición política y sectores ambientalistas critican lo que consideran una entrega de tierras en un área protegida de alto valor estratégico y paisajístico. El oficialismo argumenta que el decreto exige cumplir con normativas ambientales estrictas y que busca promover inversiones hoteleras.
¿El contexto nacional amortigua el costo político local?
La simultaneidad de estos eventos (las críticas internas por la venta de tierras y el viaje en comitiva oficial con el presidente) plantea interrogantes sobre cómo se gestiona el capital político por parte de ambos y especialmente cómo le reporta beneficios al gobernador de Santa Cruz.
El viaje a Francia, enfocado explícitamente en conseguir inversiones, le permite a Vidal construir un relato de gestión basado en el desarrollo económico, lo que podría utilizar como argumento para justificar, en un marco más amplio, la necesidad de habilitar proyectos comerciales u hoteleros como el de la Península de Magallanes, para generar empleo.
Respecto a un eventual “fallo” sobre la ley de tierras, cualquier resolución judicial que avale la legalidad y constitucionalidad del decreto de excepción (Decreto 915/2026) serviría políticamente a Vidal para desactivar o mitigar las críticas opositoras, demostrando que la operación cumplió con los pasos normativos exigidos. A pesar de esto, nada le asegura al gobernador que su próxima participación electoral sea exitosa.
¿Casualidad o causalidad?
Con este fallo concreto de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, la lectura del escenario para Claudio Vidal cambia favorablemente. La restitución de la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 le otorga al gobierno de Santa Cruz el andamiaje jurídico y el “paraguas” político perfecto para sostener la polémica venta en la Península de Magallanes. En todo caso, de insistir, Vidal se enfrentará a sectores políticos internos de la provincia y no al gobierno de Milei, a quien le importa muy poco que se vendan tierras en cualquier punto del país.
La participación de Vidal en la gira internacional con el presidente encuentra en este fallo su aplicación práctica inmediata. El gobierno nacional establece la regla macro (desregulación total y apertura irrestricta a capitales foráneos sobre el territorio), y la provincia ejecuta esa política a nivel micro. Se hace realidad el dicho “una mano lavaa a la otra”.
Para Vidal, la excepción firmada en el Decreto 915/2026 deja de ser un “negocio inmobiliario aislado” y cuestionable, para ser presentado bajo el relato oficial de una alineación estratégica con la Casa Rosada. La atracción de dólares e inversiones turísticas internacionales bajo las nuevas reglas de juego que la propia Corte Suprema, acaba de convalidarlo por omisión, es una oportunidad.
Cualquier amparo o recurso judicial local que intentara frenar la cesión de tierras a ASB Hospitality basándose en el resguardo de la soberanía o el control de capitales extranjeros sobre áreas de frontera y reservas naturales, choca ahora con la jurisprudencia del máximo tribunal.
Al desestimar el caso del CECIM por cuestiones de forma, la Corte envía un mensaje claro a los juzgados federales y provinciales: no se admitirán fácilmente frenos cautelares contra la desregulación de tierras impulsada por el DNU.
En conclusión, lo resuelto por la Corte Suprema funciona como un salvavidas político y judicial para el gobierno provincial. Le permite a Claudio Vidal absorber el costo político interno diluyendo la responsabilidad en el nuevo contexto legal nacional, demostrando que su pacto de convivencia con el gobierno de Javier Milei le rinde frutos directos para concretar operaciones que, bajo el esquema legal anterior, hubiesen sido judicializadas y frenadas casi de inmediato. Así expuesto Vidal saca ventajas jurídicas pero políticamente en Santa Cruz, se le arma la tormenta perfecta.
Como dije hace mucho tiempo y estoy cada vez más convencido es ¿Cuánto tiempo pasará en el cual veamos a Claudio Vidal y Jairo Guzmán cruzando sus caminos políticos para un apoyo mutuo de cara al 2027?. (Agencia OPI Santa Cruz)
