ESCÁNDALO EN RÍO GALLEGOS: LA GESTIÓN DE GRASSO ACUMULA UNA DEUDA MILLONARIA Y AHORA PIDEN DESALOJAR EL CONCEJO DELIBERANTE
Un nuevo escándalo golpea a la gestión de Pablo Grasso. La empresa propietaria del edificio donde actualmente funciona el Concejo Deliberante de Río Gallegos presentó una demanda de desalojo contra la Municipalidad y denunció una deuda que, según la presentación judicial, supera los 66 millones de pesos.
La demanda fue iniciada por Long Time S.R.L. y busca que el Municipio desaloje el inmueble ubicado en Lisandro de la Torre 556, actualmente utilizado como sede del Concejo Deliberante y oficinas municipales. La empresa sostiene que el contrato se encuentra vencido y pide incluso que, en caso de no producirse la restitución, se avance con el lanzamiento por la fuerza pública.
Lo llamativo es que la relación contractual viene de hace más de una década. El primer contrato mencionado en la presentación fue firmado en noviembre de 2013, cuando Pablo Grasso era presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos.
Pero el conflicto no es nuevo. Según consta en la demanda, ya en 2019 hubo una sentencia que condenó a la Municipalidad a pagar $3.720.000 más intereses. Ese mismo año, mediante el Decreto Municipal N° 3534, el propio Municipio habría reconocido una deuda y ratificado un acuerdo por $5.520.000 más costos e intereses, montos que —siempre de acuerdo con la presentación judicial— tampoco fueron cancelados.
La situación habría continuado acumulándose durante los años siguientes. En 2023 se firmó una nueva prórroga para mantener funcionando allí el Concejo Deliberante, pero la empresa asegura que el Municipio volvió a incumplir.
Además, la semana pasada el Concejo Deliberante no sesionó debido a la incertidumbre generada por la situación del Municipio con sus proveedores, un contexto que vuelve a poner en evidencia las dificultades financieras y administrativas que atraviesa la gestión.
La cifra que aparece ahora en Tribunales es contundente: $66.116.250,75. La propia demanda sostiene que existió un incumplimiento “total y sistemático” y que, pese a condenas judiciales e intimaciones, el Municipio no habría pagado lo adeudado ni restituido el edificio.
El contrato y su última prórroga vencieron el 1° de junio de 2025. Desde entonces, la parte demandante sostiene que la Municipalidad continúa ocupando el inmueble sin un contrato vigente y reclama su devolución inmediata.
Mientras la gestión de Grasso habla de administración, obras y proyección política para 2027, aparece ahora un expediente que expone una situación difícil de explicar: un edificio público funcionando en un inmueble privado, una deuda millonaria reclamada judicialmente, un pedido concreto de desalojo y un Concejo Deliberante que la semana pasada no pudo sesionar por las dudas existentes en torno a las obligaciones del Municipio con sus proveedores.
La Justicia deberá resolver si hace lugar al planteo. Pero políticamente la pregunta ya quedó instalada: ¿cómo puede la Municipalidad de Río Gallegos acumular semejante deuda y llegar al punto de enfrentar un pedido de desalojo de la propia sede del Concejo Deliberante?
(La Prensa de Santa Cruz)
