(OPI TdF) – El cálculo oficial prevé erogaciones por $2,743 billones frente a ingresos de $2,605 billones, elimina bonificaciones tributarias a contribuyentes cumplidores y congela la cobertura de vacantes en toda la administración pública provincial.
Un déficit financiero de $137.955,8 millones proyecta el proyecto de ley tarifaria y presupuestaria remitido por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. El documento oficial calcula erogaciones totales por $2,743 billones frente a recursos por $2,605 billones, con un desbalance equivalente al 5% del gasto general. Además, el resultado económico arroja un saldo negativo de $54.651 millones debido a que los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir las obligaciones ordinarias.
En Ushuaia y Río Grande, las obras de infraestructura dependerán exclusivamente de financiamiento crediticio externo por hasta $50.000 millones. El plan oficial incluye la segunda etapa del nuevo Hospital Regional Ushuaia, obras en el Hospital Regional Río Grande y urbanizaciones en Barrancas del Río Pipo. El Ministerio de Economía liberará las partidas únicamente si ingresan fondos frescos a las arcas provinciales.
La administración central justifica este desequilibrio en la alta rigidez del gasto público, compuesto principalmente por haberes salariales, servicios esenciales y transferencias. El texto gubernamental señala también la quita de partidas y programas que el Gobierno nacional financiaba con anterioridad. Bajo esta premisa, la cartera económica supeditará la ejecución real del crédito asignado a la disponibilidad efectiva de caja diaria durante todo el ejercicio.
Para el período fiscal 2027, el programa macroeconómico gubernamental adopta una inflación interanual estimada del 21,5%, una suba del producto bruto del 3,2% y un tipo de cambio oficial de $2.017 por dólar. Respecto a la política salarial, la pauta toma como techo la masa de haberes devengada a diciembre de 2026 con un incremento vegetativo del 4%, sin contemplar compensaciones automáticas frente a la suba general de precios.
El congelamiento de vacantes en el Estado fueguino y el plan de retiros voluntarios
El Poder Ejecutivo autoriza un total de 18.400 cargos entre la administración general y el sistema educativo, conforme al expediente que evaluó este medio. La estructura fija 11.450 puestos de planta permanente y no permanente, 700 autoridades superiores y 6.950 cargos docentes, junto a un cupo de 1.008.000 horas cátedra. Esta distribución excluye nombramientos adicionales durante el período legislativo entrante.
Un cupo del 5% de los cargos integrará el régimen de retiros voluntarios para personal con diez años de antigüedad, disponiendo la eliminación definitiva de las vacantes generadas. La iniciativa gubernamental congela la cobertura de vacantes producidas hacia fines de 2026 y exceptúa del retiro a médicos, policías y agentes penitenciarios. Asimismo, la normativa asigna $38.351,8 millones al régimen de pensiones RUPE con un límite estricto de 2.050 beneficiarios y fija 266 beneficiarios para veteranos de Malvinas.
La reconfiguración impositiva sobre el sector productivo y financiero
A partir del 1 de enero de 2027, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) suspenderá las bonificaciones de hasta el 15% que beneficiaban a los contribuyentes cumplidores en Ingresos Brutos. Esta medida obliga al sector mercantil a tributar el 100% de la alícuota general, facultando al Ejecutivo a prorrogar la quita por un año adicional. La recaudación incremental aportará un 4,20% automático a la Tesorería provincial.
En los yacimientos hidrocarburíferos, el gravamen de Ingresos Brutos bajará del 3% al 1,5%, reduciendo la carga total junto al Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales al 3%. En contraste directo, las actividades de apoyo a la pesca registrarán un incremento tributario del 0,75% al 5% conjunto, mientras los servicios agropecuarios pagarán una alícuota consolidada del 5%. La minería extractiva y el sector bancario absorberán alícuotas combinadas con el aporte del FOFISP.
El esquema fiscal destina un 7% directo de la recaudación global de Ingresos Brutos al Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social antes del reparto secundario hacia las intendencias. La medida merma los recursos coparticipables a los municipios para sostener la demanda sanitaria. En el ámbito habitacional, la modificación elimina la alícuota del Impuesto de Sellos para contratos de vivienda familiar única e impone una tasa del 15 por mil a los alquileres comerciales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
