(Por: Rubén Lasagno) – Hemos dejado pasar varios días desde que el Jefe de Gabinete Pedro Luxen hizo una gravísima denuncia de persecución personal y familiar nada menos que por parte de la policía a quien acusa de hacer espionaje ilegal en su persona y la de su esposa, con todo lo que ello conlleva si además esa acusación proviene del primer hombre políticamente más fuerte de la provincia después del gobernador, porque se trata de una cuestión interna que, como dijimos en el otro informe del día 27 de agosto/26, produce un sismo institucional inédito y solo comparable con la renuncia que Néstor Kirchner le hizo presentar al entonces gobernador Sergio Acevedo.
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Debido al fantasma que se escapó de la botella que destapó el Jefe de Gabinete cuando acusó a policías que era víctima de espionaje y a cuatro días del mismo, cómo mínimo tendría que haberse dado uno de estos tres escenarios:
Pedro Luxen con apoyo del gobernador Claudio Vidal tendrían que haber eyectado de su cargo al Ministro de Seguridad de la provincia Pedro Prodomos o al Jefe de Policía Comisario General Diego Agüero o a ambos.
El otro escenario es que Pedro Luxen debería haber renunciado a su cargo o el propio Gobernador Vidal haberle pedido que renuncie. Pero nada de esto ocurrió.
Que el Jefe de Gabinete acuse a las fuerzas de seguridad de su propia administración de espionaje ilegal, y que a esto le siga un silencio oficial, configura un cuadro de altísima gravedad institucional. Y el argumento de que “está en manos de la justicia” en una flagrante falacia.
El falso argumento judicial
Sin duda estamos asistiendo a una maniobra política clásica que confunde deliberadamente dos esferas que corren por vías separadas: la responsabilidad penal y la responsabilidad política/administrativa.
Es imposible compatibilizar los tiempos judiciales con una crisis de mando de esta magnitud. En la práctica gubernamental, ampararse en el letargo judicial para no tomar medidas ejecutivas expone una severa contradicción institucional.
Ante esta situación y luego de haber pplantado semejante denuncia, la posición de Pedro Luxen entra en un terreno de incoherencia institucional. Un funcionario de su jerarquía que denuncia a sus subordinados directos (e indirectos) por espionaje y que no logra que el Gobernador los remueva inmediatamente, se enfrenta a una disyuntiva: o su peso político no es el que aparenta, o está tolerando convivir con quienes lo espían. Permanecer en el cargo bajo estas condiciones y aceptar la excusa de los “tiempos judiciales” lo vuelve, por omisión, parte del mismo letargo y lo interpela al propio Jefe de Gabinete y al gobernador, porque nosotros que lo miramos de afuera pensamos “¿Y qué hace todavía en el cargo Luxen?.
En definitiva, utilizar el fuero judicial como escudo para la inacción administrativa frente a un delito de gravedad institucional perpetrado desde el propio Estado y de la esfera de seguridad que tiene bajo su ala administrativa el jefe de Gabinete es, en sí mismo, una claudicación del poder político y esto impacta de lleno en la autoridad del Gobernador.
El mal está hecho, ahora, las consecuenicas
La falta de medidas disciplinarias, renuncias o declaraciones públicas tras varios días del escándalo puede interpretarse desde varias aristas por cuanto el silencio suele ser el resultado de un pacto de no agresión. Es probable que la denuncia de Luxen haya sido una demostración de fuerza política o una advertencia interna y que ahora se busque equilibrar la balanza sin dinamitar la coalición de gobierno. Bueno, eso lo pueden lograr con los medios afines, con OPI Santa Cruz siempre van a tener el problema de que tenemos memoria.
Tomar medidas drásticas, como descabezar a la cúpula policial o a la Secretaría de Seguridad, podría desencadenar una crisis mayor (como retenciones de servicio o la filtración de información sensible) y está claro que el gobierno no está dispuesto a descomponer la paz kantiana que ganó con el conflicto policial de hace poco más de un mes atrás. Pero eso Luxen lo tendría que haber pensado antes de instalar una denuncia de ese tipo.
Y aquí la respuesta “bumerang” que tiene una acción tan escandalosa como la de Luxen; la omisión de Claudio Vidal ante una acusación de este calibre, erosiona su autoridad. En un sistema ejecutivo, la inacción frente a un delito grave denunciado por su mano derecha, proyecta una imagen de parálisis o complicidad. Pero voy más allá: le da a la parte cuestionada (la policía que maneja el Secretario de Seguridad) el beneficio de la duda y una vez que esa sospecha gana la calle, cualquier cosa tardía que haga Luxen y/o el gobernador, quedará sin sustento popular; nadie les creerá.
No tienen dimensión del problema
El espionaje ilegal es un delito penal severo. La verdadera gravedad institucional radica en la banalización de este hecho porque si un alto funcionario hace una acusación pública de esta magnitud y esto no se traduce en una intervención inmediata, denuncias penales formales y apartamientos preventivos, se institucionaliza la idea de que el aparato estatal puede usarse para el apriete político interno sin consecuencias legales.
La falta de renuncia de Luxen sugiere que, por ahora, el gobierno prioriza sostener la estructura del poder por encima de la depuración institucional que obligadamente sucede a hechos y denuncias de esta magnitud, porque configura un “empate táctico” que deja a las instituciones provinciales profundamente debilitadas y por ende al gobernador con aspiraciones a la reelección lo afecta de manera directa.
El Poder Ejecutivo tiene herramientas disciplinarias y administrativas de aplicación inmediata como sumarios, separaciones preventivas del cargo, pases a disponibilidad o el descabezamiento directo de la cúpula policial que no aplicó y nada hace presumir que aplicará y en este sentido no se necesita que un juez dicte una condena firme (lo cual puede demorar años) para que el gobernador o el propio Jefe de Gabinete aparten a los responsables de un área sospechada de espionaje, si es que están convencidos de que así fue. La mera sospecha fundada de un funcionario de ese rango sobre la fuerza de seguridad ya justifica la intervención civil inmediata. La pregunta entonces es ¿Por qué nada de eso ocurrió luego de casi una semana de ocurrido estos supuestos hechos de espionaje?.
Si el Jefe de Gabinete Pedro Luxen acusa a la policía de seguir a su familia, la operatividad del gobierno queda paralizada o, peor aún, viciada, pensemos ¿Cómo puede el gobierno darle órdenes a una cúpula policial de la que sospecha? ¿Cómo se garantiza la seguridad ciudadana si el área está bajo sospecha de destinar recursos al espionaje interno?. Esperar a la justicia significa gobernar mientras tanto con una fuerza de seguridad que, según el propio número dos del gobierno, actúa como una facción autónoma e ilegal.
El silencio para “enfriar” el escándalo
Personalmente pienso que trasladar el peso de la resolución a los tribunales, por parte del gobierno, es una estrategia para “enfriar” un escándalo mediático y político, pues al decir “está en manos de la justicia“, el Ejecutivo intenta sacarse de encima el costo político de tener que despedir funcionarios, romper alianzas internas o admitir que perdió el control de la tropa. Sin embargo, esta táctica tiene un efecto boomerang porque al no intervenir, el Gobernador transmite una imagen de debilidad o de ser rehén de las estructuras de seguridad o de los equilibrios internos de su propio gabinete; en otras palabras Vidal paga un altísimo costo político, no se sabe bien por qué motivos, aunque todos creemos entenderlo, pero como ya lo hizo con Fernando Españón, no nos asusta que el mandatario repita la receta, solo que aquí la cosa es mucho más grave y delicado.
Y aquí volvemos al principio de este informe cuando digo que Pedro Luxen actúa de manera institucionalmente incoherente porque alguien de su jerarquía si establece una denuncia judicial de presunto espionaje en contra de él y su familia por parte de subordinados a su jefatura y encima pide custodia federal porque no confía en la policía provincial (sus subordinados) y aún así no pide la remoción de los responsables de cada área (Seguridad y Jefatura) y el Gobernador Vidal, la máxima autoridad política provincial no mueve ni un dedo para aplicar un correctivo, están abonando la duda pública sobre si lo que esgrime Luxen es realmente cierto o es falso y por lo tanto, ninguno de ellos quiere ir más allá del chisporroteo público/judicial que nunca llegará a nada.
En el próximo informe vamos a analizar las posiciones de uno y otro lado en este delicado tema institucional y político. Haremos lo que el gobierno no hace y mucho menos los medios de la provincia.
El Gobernador salió a atacar a “los medios de la oposición” (¿?), típico argumento de los que no tienen argumento, porque la denuncia se hizo pública. Claro, Vidal pretendía que nadie dijera nada, a pesar del terremoto institucional que ellos mismos generaron. Bueno, no es el caso de OPI Santa Cruz que el gobierno o cualquier político puede manejar a su antojo, como los medios de comunicación que prefieren hablar del macá tobiano, los guanacos de la pradera y el futsal, en vez de analizar los graves problemas que subsisten en la provincia y éste, es el mayor de ellos.
Gracias a nuestro trabajo, la noticia trepó a la prensa nacional, por caso Clarín y claro, sucede que algunos corresponsales de importantes medios nacionales llamativamente no envían una sola columna informando a la opinión pública de que Santa Cruz está bastante lejos de ser el vergel judicial y político que pintan en extensas notas donde la billetera, se nota que escribe con trazos gruesos. (Agencia OPI Santa Cruz)
