Estados Unidos intensificó su presión diplomática y comercial sobre la Argentina para exigir el cumplimiento de un compromiso central pendiente dentro del acuerdo bilateral vigente: prohibir de manera formal la importación de productos fabricados mediante trabajo esclavo.
Este mensaje de la Casa Blanca se da en paralelo al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, marcado por la confirmación de la visita oficial del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre para reunirse con el presidente de la Nación, Javier Milei.
El planteo comercial fue formalizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante la cumbre de ministros de Comercio del G20 celebrada en Milwaukee. En ese marco, Washington impulsó una declaración conjunta suscripta por la Argentina y México con el propósito de erradicar el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro.
“Felicito a mis colegas de México y la Argentina por ponerse del lado de la realidad moral y económica y reconocer que el trabajo forzoso sigue existiendo como un problema aberrante de derechos humanos que distorsiona las cadenas globales de suministro”, sostuvo Greer a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
El funcionario estadounidense remarcó que diversas naciones advierten la urgencia de abordar esta problemática y ratificó que Washington continuará instando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para limpiar el comercio exterior de prácticas de explotación laboral.
Si bien la nueva declaración conjunta no representa de forma inmediata una modificación en las regulaciones internas del Gobierno argentino, vuelve a poner bajo atenta revisión una obligación asumida por el país hace ocho meses que continúa demorada.
Dicha exigencia se encuentra estipulada en el artículo 2.9 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, pactado en noviembre y suscripto formalmente en febrero, donde la administración nacional se comprometió a adoptar e instrumentar una veda efectiva a la adquisición internacional de bienes obtenidos total o parcialmente bajo condiciones de trabajo forzoso, sin fijar un plazo perentorio para su ejecución.
Aunque la legislación argentina contempla severas sanciones penales y laborales para el trabajo esclavo a nivel doméstico, el país carece de mecanismos específicos en fronteras destinados a bloquear el ingreso de mercaderías producidas bajo esas irregularidades en el extranjero.
Esta falta de herramientas punitivas aduaneras ya genera repercusiones concretas para el sector exportador local. Desde el pasado 24 de julio, la administración estadounidense implementó aranceles adicionales a los envíos de unas 60 economías —incluida la Argentina— tras concluir una investigación amparada en la Sección 301 de su ley comercial, la cual determinó que dichos países carecen de prohibiciones efectivas contra la importación de bienes forzados.
Gracias a los compromisos plasmados in el entendimiento bilateral, la Argentina logró ubicarse en el segmento arancelario más benévolo, con una tasa del 10% y determinadas excepciones sectoriales estipuladas por la USTR —una posición compartida con México—, con el objetivo explícito de alentar el cumplimiento total de los convenios asumidos por ambas naciones en el plano comercial.
TiempoSur
