Hasta 2.000 personas de distintas localidades de Santa Cruz podrían acceder a capacitación y prácticas vinculadas con la minería si prospera el proyecto de ley 396/26 que avanza en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca crear el Programa Extraordinario de Capacitación e Inserción Laboral Minera y financiarlo con recursos del Fondo Fiduciario UniRSE.
El proyecto fue impulsado por el diputado Javier Jara y en su presentación original también lleva las firmas de Claudia Barrientos, Fernando Pérez y Patricia Urrutia. Ingresó a la Legislatura el 24 de junio de 2026.
La propuesta cambió considerablemente desde entonces.
El texto inicial estaba pensado exclusivamente para 1.000 mayores de 18 años residentes en localidades de la zona norte, entre ellas Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas, Koluel Kayke, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo.
Pero durante el tratamiento en la Comisión de Trabajo los legisladores pidieron modificar los artículos 1 y 2.
La Cámara informó oficialmente el 12 de agosto que se acordó duplicar la cantidad de beneficiarios de 1.000 a 2.000 y extender el programa a todas las localidades de Santa Cruz. Además, el proyecto obtuvo despacho favorable en Trabajo, Recursos Naturales y Asuntos Municipales y avanzó hacia Presupuesto y Hacienda.
Esto deja un punto importante todavía por conocer: cómo se repartirán los 2.000 lugares entre las distintas ciudades y comisiones de fomento.
El texto inicial tenía cupos específicos para cada localidad de zona norte -por ejemplo, 240 para Caleta Olivia y 180 para Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado-, pero esa distribución quedó desactualizada al ampliarse el programa a toda la provincia. La comunicación oficial de la Cámara no publicó todavía un nuevo reparto territorial consolidado.
El proyecto original establece además una prioridad para jefes y jefas de hogar cuyas familias no perciban ingresos formales al momento de inscribirse. Para determinar esa situación se prevé cruzar información con los ministerios provinciales de Trabajo y Desarrollo Social.
Capacitación, prácticas en empresas y una asignación estímulo
El programa no estaría limitado a realizar cursos.
El texto contempla formación específicamente orientada al trabajo en minería y su cadena de valor, con contenidos de seguridad e higiene, educación técnica inicial, perfeccionamiento y certificación del trayecto realizado. La autoridad de aplicación podría sumar otras capacitaciones en función de las necesidades reales de la actividad.
Después aparece uno de los puntos con mayor interés para quienes busquen incorporarse al sector: las prácticas formativas supervisadas.
Podrían desarrollarse en organismos provinciales, municipios, comisiones de fomento, empresas estatales, concesionarias de servicios públicos y, especialmente, en empresas mineras, contratistas y proveedores que tengan actividad en Santa Cruz.
Los convenios deberían establecer un tutor responsable, actividades a desarrollar, carga horaria, cobertura de seguros y elementos de protección personal.
Pero el dato más llamativo está en el artículo 7 del proyecto presentado.
La iniciativa establece que la capacitación e inserción laboral daría derecho a una "asignación estímulo" cuyo valor no podría ser inferior a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Aclara, al mismo tiempo, que participar del programa no generaría ingreso a planta estatal, estabilidad ni relación laboral directa con el Estado provincial.
Desde el 1° de septiembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil está fijado oficialmente en $383.800. Por lo tanto, cuatro salarios mínimos representan actualmente $1.535.200.
Hay una aclaración fundamental: el proyecto no precisa en ese artículo que los cuatro salarios mínimos sean un pago mensual. Por eso, hasta que el texto definitivo o la reglamentación establezcan la modalidad, no corresponde presentar $1.535.200 como un "sueldo mensual" para cada participante.
El programa tendría un financiamiento importante.
El proyecto ingresado a la Cámara autoriza afectar recursos del Fondo UniRSE por el equivalente en pesos a USD 1 millón por mes durante seis meses, lo que representa un esquema previsto originalmente de hasta USD 6 millones. La conversión se realizaría al tipo de cambio vendedor del Banco Nación previo a cada desembolso.
UniRSE es un fondo público provincial creado para financiar inversiones sociales y sanitarias, obras, adquisición de bienes, proyectos productivos y desarrollos tecnológicos con impacto en Santa Cruz.
La información oficial sobre las modificaciones realizadas en agosto señaló cambios en los artículos 1 y 2 -cantidad de beneficiarios y alcance territorial-, pero no informó modificaciones en ese momento al artículo referido al financiamiento. Será necesario conocer el texto consolidado antes de la sanción para confirmar cómo queda finalmente ese esquema.
Quiénes podrían anotarse y qué falta para que empiece
Por ahora no existe una inscripción abierta.
El programa todavía es un proyecto legislativo y, por lo tanto, nadie puede anotarse ni reclamar actualmente uno de los 2.000 lugares.
La última actualización oficial localizada por Nuevo Día indica que la iniciativa obtuvo despacho favorable en las comisiones de Trabajo, Recursos Naturales y Asuntos Municipales y debía continuar su tratamiento en Presupuesto y Hacienda.
Ese paso no es menor porque el programa implica afectar recursos del Fondo UniRSE y financiar tanto las capacitaciones como las prácticas y el estímulo económico previsto.
Si finalmente se convierte en ley, el proyecto original establece que el Poder Ejecutivo deberá designar una autoridad de aplicación y reglamentarlo dentro de los 30 días posteriores a su publicación.
También incorpora mecanismos de control.
La autoridad responsable debería informar mensualmente a la Cámara de Diputados y a los concejos deliberantes o comisiones de fomento sobre los beneficiarios incorporados, cupos, convenios firmados, fondos ejecutados y resultados concretos de inserción laboral.
Los municipios tendrían además facultades para fiscalizar la selección de los participantes y verificar las prácticas realizadas en las empresas.
El principal interrogante será qué ocurre después de la capacitación.
El nombre del programa habla de "inserción laboral minera", pero participar de las prácticas no garantiza automáticamente un puesto permanente en una empresa. El resultado real deberá medirse por cuántos de los beneficiarios consiguen posteriormente empleo formal dentro de la minería o de su cadena de proveedores.
Por ahora, la propuesta dio un paso importante al pasar de 1.000 cupos concentrados en zona norte a 2.000 lugares para toda Santa Cruz. Si completa el recorrido legislativo, todavía deberán conocerse tres datos fundamentales para los interesados: cuántos cupos tendrá cada localidad, cuándo abrirán las inscripciones y cuáles serán los requisitos definitivos para acceder. (Fuente: El Diario Nuevo Día)
