A primera hora de esta mañana, una comitiva de Gendarmería Nacional se hizo presente en las instalaciones de la Fiscalía Federal, para dar inició al traslado de las pruebas y el expediente de la causa por lavado de activos y narcotráfico que se le imputa a Lázaro Baéz.
TiempoSur pudo saber que el destino es las instalaciones de la misma fuerza, donde trabajará el Fiscal Zárate junto a sus colaboradores, donde se realizarán las diligencias de desintervención y certificaciones correspondientes.
Pasados unos minutos de las 07:30 de este martes, se dio inicio al traslado con una fuerte custodia por parte de los integrantes de la fuerza nacional.
Cabe señalar que la Justicia Federal imputó en noviembre de 2026 a Lázaro Báez por encabezar desde la cárcel una presunta organización dedicada al lavado de activos agravado y asociación ilícita, con un flujo estimado de $390.880.000 y vínculos con una causa conexa por narcotráfico en Santa Cruz.
La causa se inició el 25 de septiembre de 2026 en Río Gallegos a cargo del fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC, ante el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez.
El principal imputado, mientras cumple una condena unificada de 15 años en el penal de Ezeiza, habría impartido directivas telefónicas —violando su inhabilitación legal— para administrar y explotar bienes embargados o con pedido de decomiso.
Según la acusación, los fondos ilícitos se movían mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales, además de cobros de alquileres y operaciones sobre propiedades, como las estancias Alquinta y La Entrerriana, inmuebles en El Calafate y negociaciones por galpones.
La Unidad Fiscal, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, imputó a Báez encabezar una organización conformada por diez personas y dirigirla telefónicamente desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el que se halla cumpliendo una condena de 15 años de prisión.
Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal. La calificación legal empleada por la fiscalía durante la audiencia de formalización de la investigación incluye el lavado de activos agravado, la asociación ilícita, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.
TiempoSur