(Por: Rubén Lasagno) – La moratoria impulsada por el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso expone la clásica paradoja de la política fiscal argentina: se lanza un salvavidas indispensable para los sectores asfixiados por la crisis, pero al mismo tiempo se le propina una bofetada directa al contribuyente que hizo el esfuerzo de mantener sus cuentas al día.
Esta dicotomía entre “justicia” e “injusticia” no opera en el vacío, sino en un tablero político donde la necesidad de oxigenar el bolsillo de los vecinos coincide estratégicamente con la urgencia del intendente Grasso por inyectar liquidez inmediata a su proyecto para la gobernación ya que como todos sabemos, los fondos de campaña son fondos públicos modificados, usados ilegalmente, pero legalmente “justificados” ante políticos de oposición que no cuestionan ni preguntan, la justicia que mira hacia el mar y los medios de comunicación que como ya demostramos el domingo, reciben 700 millones de razones de manos de Pablo Grasso, para no hablar de temas incómodos.
Es innegable que perdonar el 100% de los intereses y ofrecer cuotas sin interés (asumiendo el costo financiero) representa un respiro real para las familias y los comerciantes. Tal como admite la propia Dirección de Recaudaciones, entre pagar la luz o la patente, el vecino prioriza la supervivencia. Pero eso también tiene un Lado B que nadie te cuenta.
Te aplasta y luego te saca el pie
Esta “descompresión” llega después de un año de marcada presión tributaria municipal. El Estado local tensó la cuerda de las tasas e impuestos hasta generar una morosidad estructural, cierre sistemáticos de comercios, empobrecimiento de frentistas y propietarios y ahora se presenta como el “salvador” que afloja el nudo que él mismo ayudó a apretar.
Para el comercio local, fuertemente golpeado por la recesión, el descuento adicional del 10% sobre el capital no es un favor, sino una válvula de escape necesaria para evitar cierres definitivos, pero aún así es poco, porque los aumentos fueron del 300%.
La otra cara de la medida es el riesgo moral que implican estos blanqueos sistemáticos como el de Grasso o el propio gobierno nacional que recurre a la misma estrategia.
El vecino o comerciante que ajustó sus propios gastos, que quizás se endeudó en el mercado formal con tasas altísimas o sacrificó consumo básico para no deberle al municipio y observa cómo el moroso termina pagando, en términos reales, mucho menos que él, entiende que el intendente Grasso termina subsidiando el atraso y penalizando el cumplimiento.
Al no incluir en la narrativa un esquema de premios agresivos y proporcionales para el contribuyente histórico, el intendente envía un mensaje peligroso: en Río Gallegos, especular con la deuda y esperar la próxima moratoria termina siendo un negocio financiero sumamente rentable “No pague, espere”.
Grasso necesita efectivo
Detrás de la empatía administrativa que parece desplegar la medida, netamente populista, se esconde una necesidad de ingeniería financiera palpable. Pablo Grasso, lanzado en su carrera hacia la gobernación, necesita fondos líquidos y de rápida disponibilidad para sostener el ritmo de la gestión, tapar baches financieros de fin de año (no los pozos de la ciudad) mantener el flujo de gastos exorbitantes de cada fin de año y alimentar la estructura de su campaña, que como vimos, en solo en seis meses y a pocos medios locales y provinciales, erogó casi 700 mil millones de pesos de los propios contribuyentes que asfixió y ahora le da facilidades, quitas y condonaciones, para resolver el tema de caja.
La moratoria es una herramienta directa de monetización de cartera incobrable. Cambiar deuda estancada por efectivo inmediato, incluso absorbiendo los costos financieros de plataformas como Mercado Pago o tarjetas de crédito, le garantiza al Ejecutivo municipal el flujo de caja necesario para ganar autonomía frente al gobierno provincial y consolidar su armado territorial. Que nadie crea que Pablo Grasso hace esto por bueno y considerado; es un ardid de populismo más rancio y deplorable.
En definitiva, la medida es un pacto pragmático de conveniencia y engaño mutuo. El contribuyente limpia su historial licuando pasivos con quitas totales y la administración municipal sacrifica intereses contables a cambio de dinero fresco y en mano, un insumo vital cuando la política exige recursos líquidos para abastecer la campaña que ya está en marcha y profundizará en el 2027.
Te fundo y luego te ayudo
En el sector comercial de Río Gallegos conviven ambas posturas de manera muy marcada, pero la urgencia por la supervivencia económica tiende a imponerse sobre el reclamo de equidad.
Para el comerciante que acumuló deuda no por especulación, sino por la caída brutal de las ventas y la presión tributaria constante a lo largo del año, la moratoria con quitas del 100% en intereses y un 10% adicional sobre el capital representa un salvavidas concreto que evita el cierre de persianas o el embargo preventivo de cuentas.
Sin embargo, el malestar entre los contribuyentes cumplidores es un daño colateral innegable y profundo.
Quienes en el comercio priorizaron estar al día, muchas veces recortando márgenes de ganancia, asumiendo deudas en el mercado financiero o postergando inversiones, sienten que el municipio castiga el cumplimiento y subsidia el atraso.
Esta sensación de injusticia quiebra la confianza en el pacto fiscal local y genera un efecto dominó peligroso: muchos comerciantes que hoy pagan a término podrían optar por financiarse con la propia deuda municipal en el futuro, apostando a que la próxima necesidad de liquidez de la intendencia traerá un nuevo perdón fiscal.
La Cámara de Comercio de Río Gallegos (CCIARG) ha presentado en varias oportunidades sus reclamos ante la alta presión fiscal, el costo de las tasas municipales, de las multas y controles que se aplican de manera arbitrarias y donde existen claros favoritismos que sumado a la presión de los impuestos provinciales y nacionales más el encarecimiento de los servicios y los alquileres, hacen inviable el comercio en esta capital y de hecho el cierre de negocios es visiblemente comparable al que existía cuando azotaba la Pandemia.
En definitiva, la medida tomada por el intendente Pablo Grasso descomprime la asfixia inmediata de la calle y de las arcas municipales, pero deja una herida abierta en la cultura tributaria de la ciudad al demostrar que, en tiempos de crisis, especular con los tiempos políticos termina siendo un buen negocio.
Se escondió 3 año y ahora aparece
La gente ve con total claridad que el Intendente de Río Gallegos se acordó a poco más de un año de terminar su gestión y en pleno inicio de su campaña política 2027, de trazar un plan para el arreglo de algunas calles y el bacheo, anuncia las fiestas de fin de año que son de un costo enorme para los vecinos, tanto por lo que cuestan operativamente, como por el dinero que no se sabe dónde va a parar (aunque lo suponemos) y después de haber presionado fuertemente a los comerciantes y a los vecinos, inclusive cobrándole a los frentistas el arreglo del asfalto deteriorado de las calles, hoy aparece magnánimamente, anunciando una quita sobre las deudas si pagan constante y sonante los montos básicos de sus moras.
Estos personajes deberían ser pasibles de una rebelión fiscal de los contribuyentes y de una lección moral en las urnas por parte de los electores, por su permanente tendencia a la chantería, la mentira y el engaño permanente del que hacen uso y abuso, tanto en campaña como durante la gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)
