La presentación penal recayó en el juzgado de Juan Pedro Galván Greenway e imputa a siete conglomerados de Galicia por evasión aduanera y captura ilícita mediante licencias del gobierno británico en el archipiélago austral.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, denunciaron penalmente el 14 de septiembre de 2026 a siete corporaciones pesqueras internacionales por presunto contrabando de recursos marítimos en aguas circundantes a las Islas Malvinas bajo amparo de permisos británicos irregulares.
La causa quedó formalmente radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la conducción del juez Juan Pedro Galván Greenway. El expediente, registrado bajo la Causa N° 1283/2026, persigue la responsabilidad penal de las firmas armadoras por operar al margen de la legislación aduanera de la República Argentina.
El escrito acusatorio describe dos conductas delictivas precisas. La primera infracción corresponde a la sustracción sistemática de recursos ictícolas en el mar territorial continental sin someter los cargamentos al control de la Dirección General de Aduanas, efectuando transbordos en alta mar o descargas logísticas directas en Puerto Argentino y puertos internacionales de ultramar.
La segunda figura imputada sostiene la existencia de clandestinidad y ardid deliberado. Magioncalda y Fazio fundamentaron que las compañías utilizan autorizaciones emitidas por una potencia militar ocupante para simular legalidad administrativa, evitando la liquidación de divisas ante el Banco Central de la República Argentina y eludiendo las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación vigentes.
Los denunciantes calificaron tales licencias pesqueras como patentes de corso coloniales concebidas para vaciar el patrimonio económico soberano. En el marco de la presentación, los letrados enviaron una advertencia directa a la administración del presidente Javier Milei al aseverar que la sociedad civil asumirá en los tribunales las funciones que el Poder Ejecutivo Nacional decida omitir en materia de custodia del litoral atlántico.
El entramado societario de las firmas gallegas en Malvinas
El documento judicial detalla la estructura operativa de firmas originarias de Galicia, España, asociadas a compañías constituidas en Puerto Argentino. La empresa Lanzal opera a través de la firma mixta Petrel Fishing Company Ltd. mediante el buque arrastrero Monteferro, registrado bajo matrícula registral británica del archipiélago malvinense para operar en la plataforma austral.
A su vez, el Grupo Pereira canaliza sus capturas mediante Argos Group Ltd. empleando las embarcaciones de gran porte Argos Cíes y Argos Berbés. Por su parte técnica, el conglomerado Pescapuerta articula operaciones con South Atlantic Squid asignando las naves Falcon, Prion y Robin M. Lee para la faena extractiva de calamar y especies de escama.
La compañía Copemar interviene en el mismo consorcio mediante la nave Hadassa Bay, unidad que sustituyó al navío siniestrado Baffin Bay. La firma Ferralmes mantiene vínculos societarios con Castelo Fishing Co. a través del barco factoría Castelo, mientras que la armadora Hermanos Touza explota el caladero junto a Beaufort Fishing Ltd. utilizando la nave de matrícula mixta Hermanos Touza.
El cuadro acusatorio incluye a Moradiña, ligada a la sociedad isleña Polar Ltd., que mantiene activo el navío New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas alternativas de España y de las Islas Malvinas. Esta operatoria elude los regímenes de captura de la Ley Federal de Pesca y evade las penalidades del Código Aduanero argentino.
El juez Galván Greenway deberá dictar las primeras providencias de instrucción y remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para determinar las medidas cautelares sobre los activos de las compañías y evaluar órdenes de interdicción marítima sobre las embarcaciones denunciadas. (Agencia OPI Santa Cruz)
