Frente a registros de mora que alcanzan el 28,7% en entidades no bancarias y superan los seis millones de afectados, la oposición impulsa en el Congreso el debate para fijar topes a tasas usurarias.
El bloque Unión por la Patria y bancadas opositoras en la Cámara de Diputados de la Nación acordaron solicitar un apartamiento de reglamento durante la sesión del miércoles 26 de agosto de 2026 para forzar el emplazamiento de comisiones y dar tratamiento a una treintena de proyectos sobre endeudamiento familiar. La iniciativa legislativa busca establecer mecanismos obligatorios de reestructuración de pasivos ante entidades financieras, billeteras virtuales y prestamistas privados en la República Argentina.
El volumen del colapso crediticio quedó reflejado en los registros oficiales y privados del mercado local. De acuerdo con el Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina correspondiente a mayo de 2026, la mora de los hogares dentro del sistema bancario formal trepó al 12,8%.
El cuadro de vulnerabilidad financiera se agrava en el circuito de crédito desregulado. Los relevamientos elaborados por la consultora EcoGo a mayo de 2026 determinaron que la irregularidad en proveedores no financieros escaló al 28,7%, impulsada por un nivel de impago del 34,1% en préstamos personales y del 19,4% en los saldos de tarjetas de crédito.
El impacto del DNU 70/2023 en las tasas financieras
La postura del Poder Ejecutivo Nacional frente a las cifras oficiales generó fricciones con los bloques legislativos. Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei descartó la gravedad del fenómeno financiero y responsabilizó a las decisiones de consumo individuales por compras de electrodomésticos, calificando los reclamos de morosidad como gastos suntuarios no cancelados tras torneos deportivos.
La respuesta legislativa sumó el proyecto presentado por el diputado nacional Itai Hagman junto a la diputada nacional Natalia Zaracho, ambos integrantes del bloque Unión por la Patria. La propuesta establece la obligatoriedad estatal para que acreedores y deudores reestructuren obligaciones sin comprometer fondos públicos del Tesoro Nacional.
El texto legislativo cuestiona la aplicación de esquemas de interés que oscilan entre el 300% y el 500% en el sector no bancario, en un contexto donde el rendimiento bancario formal se ubica entre el 60% y el 70% y el índice de precios ronda el 30%. La bancada opositora atribuye el desfasaje crediticio a la desregulación de topes aplicada mediante el DNU 70/2023, mientras el expediente aguarda su giro a las comisiones parlamentarias de la Cámara Baja. (Agencia OPI Santa Cruz)
