El informe de la Universidad Católica Argentina reveló que la insuficiencia de ingresos trepó al 46,0% en los hogares de personas mayores durante el bienio 2024-2025, mientras la resignación de medicamentos alcanzó un récord de 35,2%.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) certificó que la insuficiencia de ingresos afectó al 46,0% de los hogares con adultos de 60 años y más en la República Argentina durante el bienio 2024-2025. El registro representó el nivel más elevado de la serie estadística 2017-2025 y consolidó un incremento de cinco puntos porcentuales respecto al período 2022-2023.
La vulnerabilidad monetaria exhibió una concentración marcada en la base de la pirámide de ingresos. En el estrato socioeconómico muy bajo, la incapacidad de los recursos familiares para solventar consumos elementales alcanzó al 71,1% de las unidades habitacionales, en tanto que en el estrato bajo el déficit financiero castigó al 55,2% de las familias auditadas.
La privación nutricional directa acompañó la caída del poder adquisitivo de los haberes pasivos. El índice de inseguridad alimentaria trepó al 18,4% en el lapso 2024-2025, frente al 12,3% relevado en el ciclo 2017-2019, con una asimetría distributiva donde el estrato muy bajo registró un 39,1% de desprotección frente al 1,1% verificado en el estrato medio alto.
ODSA-UCA constató retracción de transferencias y mora en servicios
La pérdida de liquidez corriente impactó en el cumplimiento de las obligaciones domiciliarias esenciales. El 21,3% de los hogares con personas mayores interrumpió el pago de facturas de servicios públicos por carencia de fondos durante el bienio 2024-2025, ratio que ascendió al 39,4% al aislar exclusivamente el segmento socioeconómico muy bajo.
El despliegue de las políticas de contención social redujo su alcance operativo en el universo de adultos mayores. La cobertura de programas estatales de transferencia monetaria y asistencia nutricional cayó al 26,8% en el período 2024-2025, tras haber marcado un máximo de 30,6% durante la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.
La asignación de auxilio fiscal mantuvo un desfase cuantitativo frente a la demanda real en los sectores de mayor indigencia. Dentro del estrato socioeconómico muy bajo, donde siete de cada diez hogares carecen de ingresos suficientes, únicamente el 42,4% de los grupos familiares percibió asistencia alimentaria o planes complementarios del Estado.
El deterioro de la infraestructura habitacional profundizó el cuadro de privación material. El déficit por condiciones estructurales deficitarias de la vivienda abarcó al 11,8% de la población de 60 años y más en términos generales, proporción que escaló al 27,5% dentro de la franja poblacional de menores recursos.
La falta de acceso formal a redes troncales agravó la precariedad cotidiana en los centros urbanos. La carencia simultánea o parcial de agua de red, gas natural y saneamiento cloacal afectó al 25,2% de las personas mayores del país, alcanzando al 49,3% de los individuos pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo.
PAMI registró caída en la conformidad por cobertura de medicamentos
El segmento de las prestaciones sanitarias evidenció el impacto más severo del ajuste en el gasto de los jubilados. El 35,2% de los hogares con adultos mayores suspendió o postergó consultas médicas o la compra de fármacos por restricciones monetarias en 2024-2025, lo que implicó un aumento de diez puntos porcentuales frente al ciclo 2022-2023.
La resignación forzada de tratamientos terapéuticos se concentró en los sectores desprovistos de ahorros. En el estrato socioeconómico muy bajo, el 55,0% de los hogares resignó atenciones clínicas indispensables o recetas farmacológicas ante la imposibilidad material de financiar su costo en farmacias.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) absorbió la demanda operativa durante el año 2025. El 74% de los afiliados recurrió a la obra social pública para la atención de consultas médicas y el 70% gestionó la provisión de medicamentos a través de su cartilla.
La evaluación cualitativa de los beneficiarios arrojó un desbalance entre la atención profesional y la provisión de remedios. El 61,7% de los afiliados calificó positivamente el servicio de consultas médicas, mientras que la aprobación de la cobertura de medicamentos descendió al 49,7%, con índices de reprobación concentrados en los segmentos más vulnerables. (Agencia OPI Santa Cruz)
