Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se reunió en el predio de La Rural
Durante la jornada, consolidaron una idea en común: la necesidad de garantizar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas claras como condiciones indispensables para viabilizar el financiamiento de proyectos estratégicos.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, señaló: “Contamos con más de 250 estudios sobre las obras clave que el país necesita para bajar costos y ganar competitividad. Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector. La gran ambición del CPI es poner este debate de manera permanente en la agenda nacional para lograr ese cambio indispensable”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, sostuvo: “Para captar inversiones de largo plazo necesitamos consolidar la estabilidad macroeconómica, una moneda estable y más fuentes de crédito. Estamos en un buen camino para desarrollar esquemas de participación público-privada que financien las obras que el país requiere”.
En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, expresó: “Nadie puede dudar de la necesidad de una política estricta de infraestructura en un país tan extenso como el nuestro. Aunque el proceso de profundos cambios que atraviesa la Argentina implica un esfuerzo, estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto hacia el éxito”.A su turno, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, destacó: “Coincidimos en la necesidad de un orden macroeconómico y fiscal, pero este no debe lograrse a costa del sufrimiento social, sino mediante el diálogo. Necesitamos un Estado eficiente que no se retire de la planificación de una infraestructura que conecte al país y genere desarrollo”.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, aseguró: “Si queremos inversiones genuinas en infraestructura, es fundamental garantizar seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de costos. El crecimiento proyectado en sectores como el energético representa una oportunidad única que debemos acompañar”.
Por su parte, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, señaló: “El CPI nació para unificar las propuestas de todos los sectores y debatir con claridad hacia qué modelo de país queremos ir en un contexto global complejo. Para resolver los problemas estructurales y ordenar la macroeconomía, la mejor herramienta que tenemos es el diálogo y el consenso”.
Tras la palabra de las autoridades del CPI, disertó el economista Ariel Coremberg (ARKLEMS+LAND) y advirtió que la productividad argentina está estancada en niveles de 1950. Además, señaló que para crecer al 2,9% anual, es urgente elevar la inversión del 16,6% al 23,3% del PIB (y al 32,2% para aspirar a tasas del 6%), priorizando transporte, energía y conectividad.
En materia de desarrollo regional, Edgardo Castellanos (COREBE) presentó un plan hídrico para el NOA que incluye la obra San Juancito en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en Salta y el manejo de excedentes Bermejo-Bermejito.
En tanto, Roberto Cacciola (CAEM) urgió inversiones anticipadas en transporte y energía para evitar cuellos de botella en minería, mientras que Alberto Calsiano (UIA) alertó que, pese al avance de Vaca Muerta, el transporte eléctrico de Extra Alta Tensión está al límite y requiere un fortalecimiento urgente.
El bloque de financiamiento abordó las condiciones de largo plazo. Francisco Gismondi (ADEBA) sostuvo que la estabilidad macroeconómica es indispensable para garantizar contratos duraderos, aunque valoró positivamente el crecimiento del crédito doméstico durante los últimos dos años como base clave para impulsar viviendas y grandes proyectos.
Por último, el secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, detalló un plan de modernización y privatización enfocado en tres pilares clave: la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años bajo un esquema 100% privado y sin subsidios estatales, la privatización de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza por 50 años para reducir costos logísticos, y la continuidad de las obras de infraestructura hídrica del Río Salado orientadas a prevenir inundaciones en 59 municipios.
TiempoSur
