Las discrepancias en la justificación de bienes reabren el escrutinio sobre las finanzas del legislador provincial. La fiscalía detectó asimetrías millonarias entre sus documentos públicos y los registros de su entorno familiar directo.
Daniel Rafecas, juez federal de la Nación, ordenó el 8 de julio de 2026 nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio de Francisco Adorni, diputado de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. El magistrado busca verificar la legalidad del incremento patrimonial del dirigente de La Libertad Avanza frente a las imputaciones por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.
De acuerdo con el expediente judicial, el juzgado envió un requerimiento oficial al Banco Provincia para analizar los pagos ejecutados entre los años 2024 y 2026. El objetivo de la disposición consiste en rastrear la cancelación de un crédito hipotecario valuado en $60.000.000.
A la vez, la magistratura ofició a la cámara de diputados bonaerense para obtener la última declaración jurada del funcionario. Según el dictamen de instrucción, se libraron solicitudes al Registro de la Propiedad Inmueble destinadas a corroborar la titularidad, la valuación y las condiciones de adquisición de dos bienes inmuebles específicos.
Las inconsistencias en los montos declarados
La investigación penal avanza sobre una rectificación documental donde el acusado incorporó $21.000.000 bajo el concepto de herencia familiar tras la apertura de la causa. Según el requerimiento formulado por Guillermo Marijuán, fiscal federal, los montos expuestos difieren del informe de bienes presentado por su hermano Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de la Nación.
El representante del Ministerio Público Fiscal acusó formalmente al legislador de ocultar cuentas bancarias de manera deliberada. Según los fundamentos de la fiscalía, el funcionario comprendía la confección de los instrumentos públicos debido a su profesión de perito contador y a su desempeño previo en el Consejo de la Magistratura de la provincia.
De forma paralela, la Cámara Federal resolvió unificar otro expediente contra el legislador en los tribunales de Comodoro Py. Según la resolución judicial, esta segunda causa investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo de $40.000.000.000 vinculado al Instituto de Ayuda Financiera y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. (Agencia OPI Santa Cruz)
