La central sindical denunció la falta de imparcialidad de los magistrados que levantaron la cautelar contra la normativa oficial y señaló un presunto intercambio de favores con el Ejecutivo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes 27 de abril a los dos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reactivaron la reforma laboral. La entidad gremial solicitó la nulidad absoluta del fallo que dejó sin efecto la medida cautelar previa, permitiendo que la vigencia de la ley alcance nuevamente a 82 artículos que permanecían suspendidos por orden judicial.
La presentación judicial recae sobre los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González. La CGT los acusa de prejuzgamiento por haber adelantado opinión sobre los derechos que integran la materia de fondo del litigio. Los magistrados sostuvieron, al habilitar la reforma, que la aplicación de los nuevos artículos no afecta a sectores socialmente vulnerables ni compromete la vida digna bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.
El cuestionamiento contra Pesino adquiere una gravedad institucional mayor. La central obrera denunció que el magistrado favoreció la posición del Estado nacional mientras recibía un beneficio directo del Gobierno. El Boletín Oficial publicó recientemente un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que el juez continúe en su cargo por cinco años más, superando el límite constitucional de 75 años.
El escrito legal califica esta situación como una asociación de beneficios mutuos que demuele la división de poderes. Para la CGT, la promoción de la permanencia del magistrado por parte de la autoridad que resultó beneficiada con su fallo constituye una conducta contraria a la ética. El texto subraya que este escenario avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo y vulnera la credibilidad del Estado de Derecho.
La conducción sindical manifestó su desazón ante la interpretación de los camaristas sobre la condición del trabajador. El fallo de Pesino y González asume que quienes trabajan en relación de dependencia no integran grupos vulnerables y descarta que los derechos laborales posean naturaleza alimentaria. La central obrera fundamentó su recusación en estos yerros manifiestos y en la evidente ausencia de competencia e imparcialidad de ambos jueces. (Agencia OPI Santa Cruz)
