Uno de los cambios más significativos en su situación cotidiana ocurrió en los últimos años cuando la justicia ordenó retirarle la tobillera electrónica que portó durante años. Actualmente aunque no tiene el dispositivo, sigue bajo libertad vigilada; mantiene la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, no puede alejarse más de 100 km de su domicilio por más de 24 horas sin aviso y tiene prohibición de salida del país.
¿Habrá avisado a su juzgado que ese día 15 de abril iba a las oficinas de YCRT a reunirse con el Interventor Pablo Gordillo?.
Lagomarcino es de profesión técnico informático (frecuentemente era requerido en el ámbito judicial y mediático como perito informático, antes del homicidio). Se especializa en soporte técnico, mantenimiento de redes, seguridad informática y análisis de dispositivos, tal lo reveló en sus declaraciones judiciales.
Precisamente, Lagomarsino estaba contratado como asistente informático en la UFI-AMIA (la unidad fiscal que dirigía Nisman) para asegurar las conexiones y dispositivos del fiscal. Además, fue la persona que declaró haberle prestado a Nisman el arma de fuego, una pistola Bersa calibre .22, de la cual salió el disparo fatal horas antes de que el fiscal presentara su denuncia en el Congreso. Son datos necesarios para saber con quién trata un funcionario público nacional destacado como responsable de la empresa YCRT.
Maximiliano “Maxi” Cáceres
Es un hombre históricamente muy vinculado a estructuras políticas del kirchnerismo. De acuerdo a nuestro archivo y los informes que hemos producido ingresó a la empresa minera entre los años 2005 y 2006. Es personal de planta permanente en el yacimiento. Según informes de febrero de 2025, el Interventor Pablo Gordillo lo benefició con un ascenso de categoría, justificando una “destacada labor” en la comercialización de activos de la empresa.
Se ha desempeñado como Gerente de un área técnica y tanto documentos internos y notas de investigación periodísticas de esta Agencia, han cuestionado su rol en la gestión de comercialización de carbón y el pago de ítems salariales como “reemplazos” a personal de su entorno.
A Cáceres se lo identifica como un cuadro técnico-político “hiper kirchnerista” y cumple funciones bajo las órdenes de otro kirchnerista, el interventor Pablo Gordillo. Diversas fuentes periodística indican que históricamente ha reportado a Aníbal Fernández (ex Interventor de YCRT) y como abogado ha actuado como nexo en gestiones comerciales del yacimiento, especialmente en subastas de carbón y convenios con instituciones bancarias (como el Banco Ciudad).
Si bien su nombre aparece mayormente en expedientes internos de YCRT, existen menciones indirectas en el marco en disposiciones internas de la Intervención relacionadas con la estructura de la Gerencia de Explotación o áreas administrativas.
Documentos y denuncias públicas de inicios de 2025 lo señalan como uno de los responsables de armar los pliegos para la venta de carbón a precios presuntamente menores a los de mercado, utilizando intermediarios para la comercialización; también aparece mencionado en investigaciones sobre el pago de suplementos salariales dentro de YCRT que no estarían debidamente justificados por funciones reales de mando.
No informado, no explicado y totalmente silenciado
De no ser por las altas fuentes que posee esta Agencia en YCRT, no habría trascendido esta inexplicable reunión de un funcionario público nacional con un delincuente acusado de gravísimos delitos contra la figura de un Fiscal de la Nación, un magnicidio que en cualquier lugar del mundo (menos en Argentina) sería un escándalo de proporciones épicas.
Por otra parte nos preguntamos ¿Qué hace la SIDE en materia de control de una persona que como Lagomarsino está acusado de un gravísimo delito y sigue ingresando en oficinas públicas, reuniéndose con funcionarios nacionales (¿y provinciales?) con total impunidad sin que se activen los controles y el seguimiento de un hombre que sigue libre solo porque en Argentina, la impunidad es casi un hecho, cuando los delitos como un magnicidio, donde interviene de manera directa el Poder, como está ampliamente demostrado, siguen sin resolución y va camino al archivo sin hallar culpables?. (Agencia OPI Santa Cruz)
