La ley es muy específica al respecto y señala que cuando una operadora le vende a otra, la nueva debe hacerse cargo de los activos y pasivos. En este caso YPF no vende, sino que se las cede al estado provincial pero las nuevas operadoras no se van a hacer cargo, como intentó hacer el gobierno y fue rechazado de plano por las petroleras que ingresaron a las áreas abandonadas por la estatal. Por lo tanto, si YPF se desvincula, el pasivo ambiental queda definitivamente para Fomicruz, es decir, el estado provincial o sea, todos nosotros. De ahí la importancia de establecer claramente cuál es el pasivo ambiental existente y sanearlo, la gran pregunta es ¿Quién lo va a hacer?.
Nadie se interesa, nadie denuncia y el tiempo se termina
Cuando YPF se desvincule totalmente y debido al Acuerdo que firmó Claudio Vidal con Marín, ante una denuncia de alguien que encuentre un sitio contaminado, será Santa Cruz la que se hará cargo del mismo porque el Convenio dice expresamente que una vez aprobado el programa de saneamiento (que aún no comenzó) YPF queda libre de toda responsabilidad.
Y esto ya se aplicó en el caso de CGC, como señalamos en nuestra investigación anterior sobre la empresa de Eurnekián. Alli, Pablo Gordillo, Alexis Quintana y Eurnekián firmaron y aceptaron bajar el pasivo ambiental de Sinopec a CGC de 600 millones de dólares a solo 110 millones. Y eso fue aprobado por los diputados.
Nadie se ocupó de corroborar cuál era el verdadero valor de un pasivo ambiental inmenso que dejó SINOPEC, solo le perdonaron a Eurnekián una deuda que se trasladó el erario público bajo la premisa de que las ganancias son empresarias y las pérdidas se socializan.
Mariano Bertinat (ex Secretario de Ambiente) y Sebastián Georgión permitieron todo esto durante el gobierno de Alicia Kirchner. Hoy Georgión es Ministro de Desarrollo Social del gobierno de Claudio Vidal y hasta antes del 2026 ocupó la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz; es decir, son responsables directos de esto que aquí señalamos. El acuerdo con CGC fue una verdadera vergüenza, como lo corroboramos en ese momento; esto con YPF es igual o peor.
Gastón Farías, actual Secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental de Santa Cruz (creada bajo la Ley 3885), lidera las auditorías en los sectores minero y petrolero para asegurar el equilibrio ecológico, según la propia definición de su cargo.
Una vez que el actual programa de saneamiento ambiental esté terminado, YPF abonará 60 millones de dólares y se desvinculará de toda responsabilidad. Esa aprobación (el Ok al programa) lo deberá firmar Gastón Farías y si lo hace, será penalmente responsable por todo lo que no se haya hecho o lo hayan hecho mal.
Por su parte, el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y el senador José Carambia, quienes conocen a la perfección este documento que estamos analizando en nuestros últimos informes, se aprestan a presentarse como candidatos a la gobernación en el 2027. Si no denuncian esta maniobra, nacerán como candidatos cómplices de este fraude en contra del estado provincial.
Ninguno de ellos han hecho referencia, ni mucho menos han denunciado este acuerdo absolutamente contrario a los intereses de Santa Cruz, una provincia empobrecida por operadores petroleros y mineros que han hecho un by pass a la honestidad a la hora de convenir privilegios con el Estado provincial, como es el caso de CGC e YPF.
Recién ayer 23 de abril 2026 (a muy poco de expirar el plazo) ingresó a la Cámara el Proyecto de Resolución N°607/24 solicitando al Poder Ejecutivo provincial que, a través de las áreas pertinentes, proceda a convocar a la Comisión de Fiscalización de la Concesión Hidrocarburífera acordada entre la provincia y la empresa YPF, creada a través de la ley 3.334 y fue sancionada por unanimidad (Agencia OPI Santa Cruz)
